Eduardo Gonzálvez, uno de los seis acusados en el caso Saqueo por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, reconoció el jueves que ingresó dinero del erario municipal en la cuenta de la esposa de José Luis Jiménez, imputado en la y causa fallecido en 2005.
Gonzálvez, ex empleado de Urbanismo, declaró este extremo durante su interrogatorio en el juicio que comenzó a celebrarse ayer en la Audiencia Nacional justo después de que este tribunal rechazara poco antes abstenerse de juzgar este caso en favor del Tribunal de Cuentas, como solicitaron en las cuestiones previas la mayoría de los acusados, entre ellos el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca.
En el auto en el que rechaza las cuestiones previas de las defensas, notificado por el tribunal antes de proceder al interrogatorio, la Audiencia justifica esta decisión diciendo que, dado lo limitado de las competencias del Tribunal de Cuentas, podría originarse "una evidente impunidad" si todos los aspectos civiles del caso pasaran a ese órgano. "Existe plena compatibilidad entre ambas jurisdicciones, penal y contable", asegura el auto.
La Fiscalía Anticorrupción, que pide penas de entre ocho y diez años de prisión para los acusados, sostiene que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), éstos decidieron desviar, desde el Ayuntamiento o desde sus propios cargos en las sociedades municipales que crearon para ello, los fondos públicos del municipio "en su propio beneficio o en el de terceros".
Gonzálvez, empleado de la sociedad municipal Contratas 2000, explicó que, pese a que era administrativo contable, no se encargaba de la cuentas y afirmó que él hacía anotaciones en los libros sobre las operaciones del día a día, ya que la empresa tenía una "contabilidad primaria".
Manuel Jorge Castel, otro de los seis acusados en el caso, aseguró que las anotaciones que aparecen en sus papeles de trabajo como B, no quieren decir que exista una contabilidad en B sino que hacen referencia a operaciones de balance o de banco. Castel y otros acusados están acusados de emplear desde 1992 un mecanismo ilegal que les permitió controlar la sustracción de los fondos públicos.
