En un entorno cada vez más competitivo y en el que el saber diferenciarse de lo que ofrecen los demás aportando un valor añadido es un plus que valora el consumidor, las empresas agroalimentarias andaluzas siguen apostando por hacer ese esfuerzo y hacer aún más visible el concepto de calidad.
Por ello, ha aumentado el número de firmas que se han adscrito al sello Calidad Certificada que concede la Junta, y a través del cual reconoce aquellas empresas y productos que van más allá de los estándares obligatorios y que enarbolan otros valores como el respeto al medio ambiente.
Un total de 509 empresas andaluzas y 2.479 productos ya presumen de contar con este extra de calidad -heredero del extinto sello Alimentos de Andalucía-, que supone de facto tener el aval oficial de la Administración autonómica en su oferta, tanto enfocada al mercado nacional como a su posicionamiento en los internacionales. Pero para poder beneficiarse de ellos, los productos deben contar con el paraguas de una Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o Especialidad Tradicional Garantizada, o bien proceder de producciones ecológicas o integradas, o estar certificados por un organismo autorizado.
Es uno de los datos que consta en el balance de legislatura de la Consejería de Agricultura y Pesca, que remarca además la apuesta por la modernización y transformación del sector agroindustrial, al que se han destinado 202 millones en los últimos cuatro años y que ha favorecido la puesta en marcha de 850 proyectos de competitividad. El departamento de Clara Aguilera destaca el Plan Estratégico de la Agroindustria andaluza 2013, que ha facilitado la integración y fusión de 125 entidades.
En materia de financiación y mejora de liquidez, menciona el Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias que, dotado con 120 millones, ha prestado apoyo a 45 iniciativas empresariales desde 2009.
La Consejería pone énfasis, por otro lado, en el liderazgo nacional de la comunidad en superficie de producción integrada respetuosa con el medio ambiente, con 400.000 hectáreas (63% del total), así como en producción ecológica, cuyas cifras se traducen en una superficie de 880.000 hectáreas, casi 2.900 explotaciones ganaderas, 800 industrias y 20.000 empleos.
A falta de conocer los datos de la renta agraria de 2011, la de 2010 se estima que se elevó hasta los 7.951 millones (un tercio del total nacional). El sector agroalimentario y pesquero, con un peso del 8% del PIB regional, acapara el 10% del empleo con más de 280.000 puestos de trabajo vinculados y representan el 32% de las exportaciones de la región.
La modernización del regadío ha sido otro de los ejes de la Consejería, al que destinó 243,3 millones para algo más de 150.000 hectáreas a lo largo de la legislatura, que han supuesto un ahorro de 1.235 metros cúbicos de agua por hectárea.
El apoyo a los grupos de desarrollo rural, para contribuir a diversificar la actividad socioeconómica de las zonas rurales, y a los grupos de desarrollo pesquero, han sido otras iniciativas.
