El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento para analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que calificó como «nulo» el ERE de 2007 de Mercasevilla es contrario a que el expediente se suspenda y se reclamen las cantidades abonadas hasta ahora a los 40 trabajadores acogidos al mismo. Pese a que la Comisión Ejecutiva anunció el miércoles este extremo, el documento propone limitar las indemnizaciones al máximo establecido por la Ley y reclamar solo las cuantías que la superen. Esto supondría que el Ayuntamiento recuperaría un millón de los dos que lleva pagado y que sólo abonaría 331.000 euros de los cinco millones que inicialmente estaban comprometidos.
El documento, que será analizado por el Consejo de Administración de la lonja el próximo 13 de junio, recuerda que el origen de esta sentencia es la reclamación que realizó un prejubilado de ciertas cantidades. La sentencia destacaba que el ERE «podría resultar fraudulento, abusivo o irregular por pactarse indemnizaciones muy superiores» a las previstas legalmente, pero sí consideró el despido del denunciante como «irregular» y, por tanto improcedente. Una sentencia que se ha visto, además, refrendada por otra del TSJA que reproduce los mismos argumentos tras la reclamación de los herederos de uno de los prejubilados.
Por este motivo el escrito, realizado por el abogado Alfonso Martínez Escribano y al que accedió este periódico, señala que el fallo se puede «aplicar en todos los casos de los prejubilados».
De esta forma, lo que el letrado plantea es que «se modifiquen los acuerdos anteriores de abono» y fijar las indemnizaciones en «45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades». Así, la propuesta es «suspender los pagos a los prejubilados o sus herederos cuyos cobros superen ya el importe» de esta indemnización y «continuar los pagos mensuales únicamente de los prejubilados o sus herederos cuyos cobros no superen el tope». Con este límite, se iniciarían «las acciones de reintegro de los excesos abonados», pero no de todo lo pagado hasta ahora.
Este implicaría, un importante ahorro a las arcas municipales, ya que de los cinco millones que restan por pagar sólo tendría que abonar 331.471,74 euros. Además, de los dos pagados hasta ahora recuperaría 1.038.079,32 euros. Es decir, que en lugar de los más de siete millones que iba a costar el ERE, se quedaría en algo más de 1,3 millones de euros. La decisión depende ahora del Consejo de Administración del mercado central. A este respecto el consejero de Mercasevilla por el Grupo socialista, Juan Carlos Cabrera señaló que «el gobierno de Zoido se está precipitando sin importarle las consecuencias sobre los trabajadores. Hay que buscar la mejor fórmula legal para los empleados y extrabajadores». «Ahora, se anuncia la decisión de paralizar todos los pagos y pedir la devolución de todo lo abonado cuando sólo hay dos sentencias individuales, que no suponen una anulación del ERE y que en todo caso garantizan que los trabajadores deben cobrar como si se les hubiera aplicado un despido improcedente», añadió. A su juicio, «hay que analizar las sentencias tal y como son. Debe abordarse la situación de los extrabajadores del ERE de 2007 caso a caso mientras se define una estrategia que permita defender el interés de los 40 extrabajadores y de Mercasevilla».
