Al igual que le ocurrió al anterior gobierno, Juan Ignacio Zoido tampoco podrá intervenir para que los centenares de ciudadanos afectados por la paralización de los parkings de residentes obtengan de nuevo sus fianzas. El segundo informe encargado por el alcalde tras el primer estudio negativo de la Delegación de Movilidad vuelve a ratificar la imposibilidad de asumir el compromiso electoral adquirido en la pasada campaña. "El Ayuntamiento carece de título jurídico habilitante para compeler a la empresa a la devolución de las cantidades adelantadas por los particulares para la reserva de las plazas. Se trata de una cuestión contractual entre sujetos privados, de la que ya están entendiendo además los órganos de la jurisdicción civil". La conclusión forma parte de un informe fechado el 7 de octubre y remitido al grupo municipal socialista este mes de diciembre a raíz de una de las múltiples preguntas registradas sobre este asunto en los últimos meses.
El análisis del letrado jefe de la asesoría jurídica -el segundo que se encarga para revisar la situación- vuelve al punto de partida de este conflicto en el anterior mandato. No hay ninguna opción. Se trata de un contrato entre una empresa concesionaria y unos particulares en el que el Consistorio "no tiene posibilidades de intervención". Ni siquiera través de la fianza definitiva prestada por el concesionario por las responsabilidades que hubiera adquirido o a través de los avales, ya que "sólo responden a la garantía de ejecución de las obras". Aunque el gran problema de los aparcamientos deriva de los fallos en la gestión del anterior gobierno y del fracaso de todos los intentos por desbloquear su construcción, el informe no responsabiliza de lo ocurrido al marco de relaciones establecido entre el Ayuntamiento y la firma inicialmente adjudicataria, Equipark -que luego ha cambiado de nombre y de propietarios-: "La normativa limita el efecto de los contratos a las partes de forma que los contratos suscritos entre terceros no afectan a quienes no intervienen en ellos, y quienes no son parte de la relación contractual no pueden intervenir en la misma".
Este informe invalida además la última petición realizada por la plataforma de afectados por la paralización de los aparcamientos. Ésta había reclamado al Consistorio, a través del representante vecinal Ángel Naranjo, que se ejecutaran los avales por la paralización de las obras y que, a partir de ahí, se devolvieran las fianzas. De esta forma, sólo les queda la vía judicial. Se han formulado ya 153 denuncias en los juzgados, que han sido admitidas a trámite, en las que se reclama a la firma adjudicataria de los proyectos que devuelva las cantidades abonadas por parte de los vecinos dada la paralización desde hace años de las obras de construcción de los aparcamientos. La última, la de Rafael Salgado, que, después de desbloquearse temporalmente ha vuelto a paralizarse por un nuevo desencuentro entre la empresa y el Ayuntamiento de Sevilla. Estas demandas van dirigidas contra la sociedad, aunque según explicó Naranjo, la empresa les ha solicitado que se incluya al Consistorio como responsable subsidiario de los impagos, medida que, de momento, los denunciantes no han adoptado.
Lo que sí han decidido ya los miembros de la plataforma es acudir al próximo Pleno municipal para pedir un acuerdo de todos los grupos municipales para que se actúe de forma inmediata para permitir la devolución de las fianzas: "Queremos que todos los partidos estén de acuerdo para dar un impulso a este problema y que se ejecuten los avales para que se devuelvan las fianzas a los vecinos que reservaron una plaza".
El conflicto de las fianzas se prolonga desde hace años. En 2004, se anunció la construcción de los 13 parkings que finalmente se adjudicaron en tres paquetes a dos empresas distintas. Sin embargo, una de ellas, Equipark, adjudicataria de dos de los bloques, apenas ha iniciado los trabajos cuatro años después. De fondo, han estado tanto los problemas de planificación urbanística del Consistorio que realizó concesiones para los proyectos sobre suelos de titularidad privada como los conflictos económicos internos de la empresa que se ha quedado sin liquidez en varias ocasiones. El Consistorio lleva estudiando el rescate de las concesiones desde 2009 pero finalmente se han ido alcanzando acuerdos con la concesionaria que ahora complican aún más la salida al nuevo gobierno local. Y, en medio, centenares de personas abonaron 1.000 por las reservas de las plazas sin que este importe les haya sido reembolsado en la mayor parte de los casos. El proceso está en manos de los tribunales, tanto por parte de una de las empresas concesionarias que denunció al Consistorio como por parte de los afectados.
