Antonio González Pérez, uno de los intrusos del expediente de regulación de empleo (ERE) del concesionario sevillano Saldauto, recibió 395.000 euros de una póliza pagada por la Junta de Andalucía, según la jueza que investiga el caso, Mercedes Alaya. Pero, además, ayer admitió que recibió más de 77.000 euros como subvenciones para su empresa, pese a que ésta prácticamente no facturó. Los otros dos imputados que fueron citados ayer, el exfutbolista Pizo Gómez y la exsuegra del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, decidieron no declarar.
Tanto González como otro imputado más habían sido despedidos de la empresa cordobesa PROMI y dos años después quisieron acogerse al ERE que promovió la factoría, pero finalmente fueron incluidos en el de Saldauto, pese a que nunca habían trabajado allí. "Guerrero fue quien planteó que tenía derecho a esa prejubilación, ya que llevaba 30 años trabajando en la empresa y habían sido incluidos en el ERE personas con menos antigüedad y menos cotización, y que incluso estaban ya fuera de la empresa". El imputado explicó que tras su salida de la empresa montó un negocio con el otro intruso en Saldauto y que, pese a que la empresa no tuvo "ninguna facturación", recibió diversas ayudas de la Junta "para cursos".
El intruso tomó la palabra al final para asegurar "que no tiene culpa que la Junta o sus cargos le hayan metido en un ERE que no era el suyo. Hice lo que dijeron en la Junta que hiciera". "Lo que estamos padeciendo es una injusticia, mi nombre por los suelos. ¿Quién se responsabiliza de todo esto?", añadió González, a quien el fiscal le reclamó 110.000 euros de fianza. La Junta elevó la petición a 440.000 euros, a lo que se adhirió el PP y UGT.
Por su parte, la suegra de Guerrero, Victorina Madrid (que percibió más de 198.000 euros de dos pólizas, una de ellas por ser incluida en el ERE de SOS Cuétara) sólo ratificó su declaración policial y se negó a contestar cualquier pregunta, aunque la jueza las consignó todas. Tras finalizar, la Fiscalía le solicitó a la magistrada que le imponga una fianza de 265.000 euros, a lo que se adhirió la Junta, PP y UGT.
El exfutbolista Pizo Gómez también se negó a aclarar el origen de la póliza por la que recibió de la Junta más de 491.000 euros. Sólo ratificó su declaración policial en la que aseguró que fue por el pago de un trabajo a la Junta. La jueza, en cambio, le preguntó por un expediente en el que la administración andaluza le reclamó el reintegro "al reconocer que no existía la deuda". A Pizo no le reclamaron fianza porque aún faltan ciertos documentos.
El abogado de Pizo Gómez planta cara a la jueza Alaya
"Tienes más cojones que yo", fue lo único que acertó a decir un desconcertado Pizo Gómez a su letrado, con el que se fundió en un abrazo, a la salida del despacho de la jueza Mercedes Alaya, después de que su abogado, José María Calero, abandonara la sala por una discusión con la magistrada. Pizo comenzó a declarar ratificándose en su testimonio ante la Policía. A la segunda pregunta Alaya ya fue al grano y comenzó a preguntarle por sus 17 cuentas bancarias y sus actividades empresariales. El abogado comenzó a hacerle gestos a su cliente para que no contestara tras lo que la jueza le llama la atención "para que dejara de hacerlo". El abogado responde que "le está indicando a su defendido que se acoja a su derecho a no declarar". Jueza y letrado se enzarzaron en una discusión en la que Alaya le llegó a decir a Calero "tranquilo en tu silla". El letrado se marchó y uno de los abogados de otro imputado asistió a Pizo Gómez, que no daba crédito a lo que le estaba pasando, para que la jueza dejara constancia de sus preguntas. Al final, lógico, no declaró como quería Calero.
