La última etapa del PP al frente del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), entre 1999 y 2003, está siendo investigada por un juzgado que intenta esclarecer un supuesto caso de corrupción. El ex delegado de Urbanismo Juan Ignacio López Escobar está imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas en 2006 por la Cámara de Cuentas, que hizo público un informe de fiscalización del Consistorio del en el ejercicio de 2002, cuando todavía era alcalde el popular Juan Manuel Armario. Estas anomalías salen a relucir tres años después de que el PP perdiera el bastón de mando con la victoria en las elecciones del PSOE, que continúa gobernando en la actualidad. Este informe puso al descubierto operaciones urbanísticas que perjudicaban al Ayuntamiento porque la valoración de los suelos se realizó muy por debajo del precio del mercado.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas consideró un año después que los datos recogidos en este documento permitían deducir la existencia de indicios suficientes para pedir responsabilidades penales. Decidió trasladar la información a la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz, que decidió denunciar a López Escobar y a todos lo concejales que votaron a favor de operaciones supuestamente irregulares.
El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Arcos, en 2008, abrió finalmente diligencias previas contra el que era delegado de Urbanismo, el arquitecto y el secretario municipal y cuatro promotores. Ya ha sido llamado a declarar Escobar, quien ha acudido recientemente a esta cita pero en Málaga, donde actualmente tiene su residencia. Otras tres personas relacionadas con las empresas han dado su versión de los hechos en otros municipios. Sus testimonios aún no han sido remitidos al juez encargado del caso, quien está ahora a la espera de recibir esta documentación.
supuestas irregularidades. Las irregularidades se detectaron en los contratos que el Ayuntamiento realizó con tres sociedades diferentes en el año 2002. Sin tener competencias para ello, Escobar firmó con Tecnisierra, con los informes favorables del secretario y del arquitecto municipal, una operación para la construcción de viviendas que se realizó, según el Ministerio Público, sin concurso público y sin contar con la autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo.
Precisamente fue en sesión plenaria donde se aprobaron dos permutas de terrenos con dos promotoras el 4 de febrero de 2002. La primera actuación, con Alfonso X El Sabio, consistió en el canje de una finca municipal valorada en 53 millones de euros por tres de esta empresa, que se tasaron en 122 millones. La Fiscalía entiende que esta diferencia se solventó a través de compensaciones mediante impuestos y tasas.
Una operación similar se realizó con Mouxo con el intercambio de uno de sus terrenos por otros del Ayuntamiento, que, según la denuncia, fueron valorados por un precio inferior al de mercado. Se considera que la cifra de 150 millones que costaban en esa fecha se podría haber duplicado un año después. "Esta circunstancia ha provocado que el acuerdo de permuta analizado haya sido perjudicial para la corporación", señala la denuncia.
