Un juez ha reprochado el "asalto colectivo al suelo rústico" y las "atrocidades urbanísticas" que se han cometido en la urbanización ilegal de "Las Minas" de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), en una sentencia que condena a uno de los numerosos propietarios de chalés en la zona.
El juez de lo penal 4, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, condena a dos hermanas que compraron un terreno de mil metros cuadrados, parcelado sin autorización, en octubre de 2003 y comenzaron a construir sin licencia y "de forma encubierta" una vivienda de 50 metros de planta y una fosa séptica.
La sentencia es una de las muchas que se han producido en los últimos meses contra una treintena de propietarios de "Las Minas", contra los que la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana emprendió acciones legales, además de procesar al ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) por amparar dichas prácticas.
No obstante, este fallo contiene duros calificativos hacia las "auténticas atrocidades urbanísticas que se han producido en la zona" y el "cúmulo de despropósitos" que han dado "pábulo a la idea de que, cuanto mayor sea la infracción y más personas participen en su comisión, más fácil será obtener primero impunidad y luego los objetivos que motivaron el ataque desmedido a la ordenación del territorio".
El juez Rafael Díaz Roca dice que la documentación aportada a la causa demuestra "el empecinamiento en que se ha producido el ataque a la ordenación urbanística" en "Las Minas".
A su juicio, el hecho de que el Ayuntamiento recoja la basura, que las viviendas ilegales aparezcan en listines municipales o que las "peculiares asociaciones de vecinos de la zona" contraten líneas eléctricas para sus calles no pueden ser esgrimidos como argumento para "convertir en lícita" la construcción llevada a cabo por las acusadas.
En el juicio, las dos hermanas alegaron que ignoran las cuestiones urbanísticas, pero el juez responde que "no se puede aceptar que en la sociedad de la información, con el 'boom' inmobiliario de los últimos años y la cantidad que uno compromete en una edificación, alguien ignore que previamente a construir se necesita una licencia o que no se puede construir en medio de una zona forestal".
"Tampoco es excusa la cantidad de tropelías urbanísticas que se han cometido en la zona", dice el juez.
La condena incluye la obligación de que las propietarias destruyan, a su costa, lo construido ilegalmente como única manera de frenar estas "asombrosas conductas de asalto colectivo al suelo rústico" y para no convertir en una "pantomima" la "laboriosa investigación del SEPRONA de la Guardia Civil y la Fiscalía".
Si no se destruye lo construido, dice el juez, las propietarias "obtendrían su propósito delictivo original: construirse una casa de recreo en un terreno forestal no urbanizable".
