¿Están los consumidores europeos realmente protegidos frente a lobbies como el de la banca? ¿Conforman ellos un verdadero grupo de presión? ¿La falta de asociacionismo frena su conversión en un agente potente? Éstas fueron algunas de las cuestiones que se debatieron ayer tras las ponencias de la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, y la eurodiputada María Irigoyen, que defendió que el papel de los consumidores se tiene "muy en cuenta" en la UE.
En este sentido, el secretario de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), José Luis Gómez, planteó si la liberalización que persigue Europa en la práctica no repercutirá finalmente en que "haya mayor desprotección de los consumidores" debido a la fuerza "que tienen los lobbies en las instituciones". A este respecto, Sauquillo defendió que la libre circulación y la competencia son dos grandes valores del mercado único, aunque afirmó que hay que "asegurar la competencia para que funcione".
José Carlos Cutiño, secretario de Relaciones Institucionales y de Mercado de UCA, apostilló "la exclusión que se hace de la banca" a la hora de responder sobre sus prácticas. "Parece que los que velan por el bienestar de los ciudadanos tienen especial sensibilidad por las entidades financieras, ya que incluso un Gobierno socialista no actúa sobre cláusulas que jueces están declarando abusivas".
En este sentido, el presidente de la organización, Juan Moreno, mostró su preocupación por la desregulación que ha vivido Occidente en los últimos años, que ha traído consigo la crisis económica, y "que ha provocado muchos abusos", por lo que reclamó una posición más firme frente a los mercados, "que recortan soberanía".
Por su parte, el vocal del consejo de administración de Cajasol, Juan Antonio Peralta, aseguró que, a pesar de los trabajos que se están desarrollando en Europa, "el consumidor está menos protegido que en la época de Franco", por cuestiones como la "deficiente" atención al cliente o la realización de contratos por teléfono. Además, señaló que "pocos están en asociaciones y al final tienen que recurrir a un abogado para defender sus derechos".
En cuanto a la poca adhesión a estos organismos, Sauquillo afirmó que "el problema es que nos enfadamos pero no reclamamos", aunque Irigoyen defendió que estas asociaciones "funcionan muy bien en España".
Rocío Algeciras, vicepresidenta de Facua, subrayó que "Europa tiene interés en escuchar al consumidor", aunque respaldó la idea "de que nos convirtamos en un lobby" para tener más fuerza a la hora de defender los derechos de los europeos.
La directora general de Consumo de la Consejería de Salud, Fátima Ramírez, puso en valor la importancia de informar al consumidor para que esté preparado a la hora de consumir, más allá de hablarles de los mecanismos con los que cuentan para protegerse.
Por su lado, el presidente de la Confederación de Comercio de la CEA, José Luis Haurie, opinó que "Europa va lenta, y los empresarios lo que pedimos son las reglas del juego", y planteó que el tener que poner de acuerdo a 27 países "puede ralentizar el proceso". En respuesta, Irigoyen justificó que la Europa unida "lleva poco tiempo", aunque hay "voluntad política" para poner medidas en marcha que sirvan para dar respuesta a los consumidores.
Durante el debate, se planteó el problema de regular ciertos aspectos como el comercio electrónico, tal y como apuntó el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pablo de Olavide Agustín Madrid. "Es difícil poner puertas al campo", resumió. A este respecto, la eurodiputada Carmen Romero indicó que hay dificultades serias a la hora de unificar las políticas de protección de datos. "Todos los países no protegen de igual manera la privacidad. En España es un derecho fundamental, mientras que en EEUU está condicionado en su Constitución", recalcó.
El presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Pedro Sánchez-Cuerda, puso sobre la mesa las trabas de "regular con los irregulares", esto es, dar garantías al mercado europeo de que los productos que vienen de fuera cumplen con los mismos requisitos que los que se hacen en su seno. Irigoyen dijo en este sentido que es "función del consumidor informarse cuando adquiere un producto sin garantías".
Por último, Francisco Romo Dueñas, Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Sevilla, planteó la necesidad de hacer hincapié en la educación de los futuros consumidores y en el control sobre la publicidad para que ésta no sea engañosa.
