Francisco Tato, Antonio Jesús González y Gerardo Narbona.
El Betis debe tener firmado su convenio de acreedores y así cerrar el concurso antes del 30 de junio de 2012 si no quiere exponerse a un posible descenso administrativo a Segunda B, aunque el cálculo de su consejo de administración pasa por acabar todo en mayo. La negociación del convenio es la auténtica clave del concurso y se presume dura, ya que requiere de la aprobación de los acreedores suficientes para sumar el 51% del total de la deuda (84,2 millones), pero aún no se ha llegado a ese nivel del proceso. Antes, el juez de lo Mercantil número 1, Eduardo Gómez, debe resolver los doce incidentes presentados por once acreedores al listado que Antonio Jesús González, Francisco Tato y Gerardo Narbona elaboraron en su día. De momento ha solucionado seis, casi todos a favor de los administradores concursales y en contra de los reclamantes, aunque la deuda apenas se incrementará en cualquiera de los casos. Según fuentes del juzgado, el magistrado finiquitará esta tarea a mediados de diciembre. Entonces comenzará la negociación del convenio.De los incidentes resueltos, el más importante es uno presentado por Hacienda. La administración pública tiene prenda sobre varios derechos del Betis, en este caso los televisivos, y quería que esa deuda pasara a ser un crédito con privilegio especial. El origen de esta deuda está localizado en el aplazamiento del pago de impuestos por parte del club; como garantía, Hacienda pidió esa prenda sobre los derechos televisivos.
Otra reclamación era la de los antiguos asesores fiscales del Betis, Garrido Auditores, que pretendían convertir el dinero que les debe el club en deuda contra la masa, es decir, posterior al concurso. De esa manera la cobrarían íntegramente. El juez, sin embargo, entiende que los honorarios se pagan por un trabajo realizado antes de la declaración de concurso. Esta tesis, por cierto, avala la teoría de los concursales de que las primas por el ascenso son deuda concursal y no contra la masa, ya que los futbolistas se las fueron ganando desde que comenzó la temporada, de ahí que la prima se dividiera por las 42 jornadas y entrase en concurso la cantidad correspondiente a los partidos disputados antes de que el club se acogiera a la ley concursal (a mediados de enero de 2011).
De los otros cuatro incidentes, uno fue presentado por el propio Betis por unos pagarés endosados a una persona por valor de 13.000 euros que el club quería convertir en crédito contingente; los concursales lo veían como crédito ordinario y el magistrado les da la razón. Ocurre lo mismo en el caso de un agente que ganaba una cantidad variable según lo que cobrase su jugador-representado; los administradores defendieron que este hombre cobraba por la intermediación y que, por tanto, la deuda es anterior al concurso y está sujeta a él. Los únicos reclamantes a los que el juez ha dado la razón son una sociedad de imagen de un futbolista que denunció que en el listado no aparecían 10.000 euros que le debía el Betis; y el bufete Ruiz Crespo, que lleva el caso Robert para el club, por una factura rectificativa que no había cobrado. Con este tipo de factura, el acreedor cobra del propio Betis pero el IVA se lo abona Hacienda; por tanto, el club pasa a deber el IVA a la Agencia Tributaria, pero esa cantidad extra se mete en el concurso, con lo que está sujeta a quita (con el consiguiente ahorro para el Betis). El magistrado falló a favor del reclamante este mismo lunes.
De los seis incidentes pendientes, el más importante es con el Ayuntamiento por impago de varios impuestos por valor de unos 500.000 euros; los concursales creen que la deuda ha prescrito porque han transcurrido más de cinco años. Además, hay reclamaciones de Hacienda, por un asunto de IVA; de Ius Velázquez, el despacho vinculado a Luis Oliver que presentó la solicitud para acogerse a la Ley Concursal; de la sociedad de imagen que llevaba los asuntos a Edu; de Jorge Vázquez, antiguo empleado del Betis; y de Mediapro. En cuanto el juez Gómez resuelva todas estas discrepancias, los tres administradores concursales empezarán a negociar el convenio con los 234 acreedores.
