Un millón de euros para quién ofrezca una pista "fiable" que lleve hasta el cuerpo de Marta del Castillo, sea quien sea. Un intento desesperado de un ciudadano anónimo que sólo busca acabar con el dolor de la familia de la joven desaparecida hace ya casi 14 meses. Un objetivo loable, pero que lleva inevitablemente a cuestionarse si el fin justifica los medios.
Sin duda esta recompensa sin precedentes en España, que parece sacada del guión de una película, ha encontrado detractores, pero también apoyos. Son muchas las voces que han aplaudido este gesto solidario con la familia de la joven, entre ellas, la del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, quien destacó que la Policía va a trabajar codo con codo con el abogado designado por el misterioso benefactor para controlar las llamadas recibidas.
La familia de Marta, sin duda, recibió con alegría y "esperanza" la noticia. Después de cuatro grandes búsquedas y de cientos de rastreos, su única meta es poder poner fin al calvario que supone no saber dónde está el cuerpo de su hija. Ese es su pensamiento diario, antes incluso que el juicio que poco a poco se acerca contra los cinco imputados en el crimen. Quieren justicia, pero eso también implica poder darle una sepultura digna a Marta del Castillo.
Ese sentimiento lo comparte toda la sociedad. Hasta los abogados de la defensa se han pronunciado en el mismo sentido, pese a la confusión que hubo con sus declaraciones. Los que se han querido pronunciar al respecto ven en esta medida un intento desesperado para "saber dónde está el cuerpo y cuál es la verdad" porque, 14 meses después, sigue habiendo muchas incógnitas sobre lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 2009.
Un sentimiento que comparte toda la sociedad y que no evita que en estos días se haya planteado la moralidad y la legalidad de este ofrecimiento altruista. Se ha llegado incluso a rumorear que tras la medida está la mano del Gobierno, que pagaría usando los fondos reservados, en un último intento por hacer hablar a los imputados del caso o a alguien de su entorno que conozca el paradero del cuerpo. Un rumor que ha sido desmentido categóricamente por el abogado del ciudadano, Adolfo Jiménez-Castellanos Holgado.
La cuestión está en hasta qué punto sería lícito cobrar una recompensa por ofrecer una pista que se ha ocultado durante más de un año. Se ha planteado que esta persona podría incurrir en un delito de encubrimiento o en uno de obstrucción a la justicia, pero, por otro lado, se está garantizando que la identidad de la persona que ofrezca el dato a través de este sistema no va a ser desvelada por el letrado, que se acogerá al secreto profesional. Hasta el propio decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, se ha ofrecido a recibir pistas bajo la garantía del secreto profesional.
Según fuentes del caso, el juez no descarta incluso abrir una investigación si la recompensa llega a cobrarse, aunque es una idea que aún debe madurar. Se trata de un asunto complejo, pues en otras ocasiones -el caso Anabel Segura, el de las niñas de Alcasser, o el más reciente de la niña Mari Luz Cortés- en las que se ha ofrecido una recompensa a cambio de información sobre el paradero de una persona desaparecida ha sido siempre antes de saber que había sido asesinada. En este caso, por el contrario, el asesino de la joven, Miguel Carcaño, ha confesado el crimen, pero ha ofrecido distintas versiones del paradero de Marta.
Es precisamente, aquí donde se plantea la otra cuestión discutida: la inmoralidad de pagar a un acusado por desvelar dónde está el cadáver. Puede darse el caso que Carcaño, movido por la codicia, hable y diga de una vez dónde está Marta o, quizás, algunos de los otros cuatro acusados. Cobraría entonces el millón de euros, después de su prologando y doloroso silencio. La familia de Marta ha dicho al respecto, que sería una "desgracia", pero lo prefieren a seguir sin saber dónde está su hija.
Al fin y al cabo, si los que hablan son los acusados, el dinero acabaría siendo para los padres de la joven, ya que entonces debería ser empleado en pagarles la indemnización de más de 200.000 euros que la Fiscalía reclama para ellos por los daños morales causados. También sería usado para abonar los más de 600.000 euros que han costado las diferentes búsquedas de Marta, si prospera la petición que el fiscal realizó en su escrito de acusación. Sería así, una forma de garantizar el cobro de esta cuantía, ya que la mayoría de los acusados se han declarado insolventes. Sin embargo, si la pista llega del entorno de los acusados ese dinero no habría forma de revertirlo.
Todo esto en el supuesto de que se llegue a cobrar la recompensa, lo que implicaría que el cuerpo se ha localizado. Pero han surgido voces, como la del catedrático de Derecho Penal y criminólogo, Borja Mapelli, que ha planteado la ineficacia de la medida. Hay quien piensa que es echar más leña al fuego del circo mediático en que se ha convertido este caso -el primer día se recibieron 400 llamadas-, que no llevara a ninguna parte.
Lo que está claro es que los resultados no serán inmediatos. Habrá que esperar a que se cumpla el mes de plazo para poder acceder a la recompensa -hasta el 17 de abril- y aguardar a que se produzca una llamada fiable y a que se comprueben los datos.
