Venían barajando dos de los mejores despachos penalistas de Sevilla. Desde un principio la familia de Marta del Castillo ha tenido claro que el caso iba a ser difícil y que iban a necesitar un buen abogado que peleara la acusación contra los cuatro detenidos por el crimen.
Se han asesorado y han preguntado mucho hasta decantarse por el despacho Montero Aramburu, cuyo supervisor del área de Penal es el ex fiscal jefe de Sevilla Alfredo Flores. Un peso pesado para un caso que, como dijo el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, es digno de un libro, aunque el letrado que se encargará de lleno será otro ex fiscal: José María Calero, quien formó parte del Ministerio Público hasta 2007, fecha en la que se lanzó a la abogacía con el citado despacho, con casos como el de Camas, en el que lleva la defensa del ex alcalde de la localidad Agustín Pavón.
Dos hombres curtidos en el ámbito penal y luchos en el ejercicio de la acusación que sacarán todas sus armas en una causa en la que cualquier resquicio puede ser clave en un sentido o en otro. Un caso que, además, tiene una doble vertiente, pues la investigación se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, con tres adultos detenidos por los hechos, y en el Juzgado de Menores número tres, ya que el cuarto implicado es un menor de 15 años. Dos frentes abiertos, en los que se librarán dos batallas con sus respectivas estrategias.
Flores, un salmantino nacido en 1933, estuvo al frente de la Fiscalía de Sevilla durante casi 20 años. Llegó a la capital hispalense en 1962 y desde entonces se convirtió en un enamorado de la ciudad, participando activamente en sus acontecimientos sociales, como la Semana Santa o los toros. Fue en 1985 cuando accedió al cargo de fiscal jefe, tras diez años como teniente fiscal.
Una función que desempeñó hasta el año 2004, cuando se jubiló con 71 años. Por su mesa pasaron casos de importancia y relevancia social como el de Juan Guerra o el Arny. Tras jubilación, fue fichado por Montero Aramburu para hacerse cargo del área Penal. Será él, quien supervisará el trabajo de Calero, nacido en Ciudad Real hace 48 años, que se tomó una excedencia en julio de 2005 como miembro del Ministerio Fiscal para ejercer la abogacía. Ante sí tiene una dura tarea: la de hilar una acusación sólida y sin fisuras, que logre llevar al banquillo de los acusados a los implicados y que éstos sean condenados por un tribunal, ya profesional o con jurado.
Necesitara su amplia experiencia como fiscal en los asuntos penales en un caso en el que, si no se encuentra el cuerpo de Marta, se complicará, no tanto para lograr la condena de los detenidos, sino para que la pena sea elevada y que las pruebas existentes, hasta ahora, permitan que una acusación contra los cuatro se sostenga.
El primer paso será acceder a las extensas actuaciones tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez. Flores y Calero tendrán que examinar detalladamente cada uno de los más de 1.400 folios repartidos en ocho tomos que ocupa ya la causa, que se inició hace un mes con la desaparición de Marta. A partir de ahí, tendrán que montar su estrategia procesal, solicitar nuevas pruebas e incluso testimonios de testigos que le permitan amarrar un caso, cuya instrucción se antoja larga.
A su favor, tienen las confesiones de Miguel y las del menor, los restos de sangre, las llamadas telefónicas... En contra, las contradicciones en las declaraciones y las pruebas que puedan aportar las defensas de los acusados a favor de éstos y, por supuesto, el hecho de que el cadáver no aparezca, pese a la intensa búsqueda que a diario peina el río.
Frente a ellos, se sentarán otros tres hombres: los abogados defensores. Ninguno de ellos es de oficio. De hecho, Samuel, al único que le asistió un letrado de oficio en su declaración en la Policía, ha cambiado de letrado por uno de pago: Manuel Caballero. Los dos hermanos detenidos, Miguel y Javier Delgado, tienen distintos abogados, aunque ambos son socios y pertenecen al mismo despacho: Antonio Jiménez y José Manuel Carrión, respectivamente. Ninguno de los tres está especializado en derecho Penal, tal y como consta en sus respectivas tarjetas de presentación, sino en materia civil o administrativa.
El trabajo para ellos no será menos arduo, más aún cuando conozcan que su adversario no será presa fácil. Ellos ya han comenzado a montar su estrategia de defensa, en la que incluyen recurrir el auto de ingreso prisión, salvo en el caso de Miguel, pues admitió los hechos. De momento, Samuel ha cambiado su declaración coincidiendo con el cambio de letrado, aunque este niega que se trate de una estrategia. Ha llegado a asegurar que confesó bajo coacción policial y que incluso fue golpeado para que declarase, aunque el juez le denegó que fuera reconocido por un médico forense.
Los tres letrados tendrán que demostrar la versión que todos conocemos y ofrecida por la Policía, algo que han criticado porque aseguran "atenta contra la presunción de inocencia". Se abre la veda a unos meses llenos de declaraciones de testigos, entre ellos los propuestos por las defensas para refrendar las coartadas de sus clientes, y de práctica de pruebas, con la mirada puesta en el río, ya que el caso daría un giro que podría beneficiar a la acusación o la defensa, según el relato que desvele el cuerpo de la joven y que esconde la última palabra.
