El mercado andaluz de software facturó el año pasado 69 millones de euros, pero la industria afirma que esta cifra podría haber alcanzado los 173 millones de no ser porque el 60% del software utilizado en la comunidad es pirata, situación que denuncian como "habitual" en las pymes.
El comité español Business Software Alliance (BSA), organización que aglutina a fabricantes de software comercial de todo el mundo, presentó ayer en Sevilla su primer estudio sobre la piratería en España por comunidades autónomas, que sitúa a Andalucía como la tercera en volumen, por detrás de Madrid y Cataluña, pero la primera en términos relativos, con un 60% de los programas que se usan en la comunidad con copia ilegal frente a la media española del 43%.
Los fabricantes se atreven a dar una proyección de las pérdidas que causa la práctica de la piratería en base a las cifras de la encuesta realizada por la consultora IDC sobre datos de 2007, y las sitúan en 104 millones de euros para el mercado andaluz, un 15% de las supuestas pérdidas totales a nivel nacional. En toda España, estiman "entre 2.000 y 4.000 empleos de alta cualificación que no se han creado, con lo que ello supone en el actual contexto de crisis".
Entre las causas de esta situación, el comité español de BSA, a través de su presidente, Luis Frutos, señaló que se trata de una consecuencia lógica del aumento de uso de las nuevas tecnologías, pero también "un problema de cultura, de no valorar el software como la inversión que debe suponer, buscando un ahorro que no es tal, porque el programa pirata causa problemas que cuestan dinero".
Sobre la situación concreta de Andalucía, valoró que el tamaño de las empresas puede influir. "Está comprobado que cuanto más micro es una empresa, más piratea, el empresario mira más el euro". Preguntado sobre la influencia del precio, dijo que "los programas más baratos son los más pirateados, tenemos comprobado que no influye". Aunque no todos los palos son para la pyme, también para el canal de distribución de los productos, que "hay que profesionalizar más, les conviene a ellos y nos conviene a nosotros. El vendedor que le hace un apaño al empresario no le hace ningún favor, porque no ofrece garantías".
También se atribuye cierta responsabilidad a los usos de la banda ancha -"internet es un gran instrumento, pero se le da un uso indebido"- y al software libre, "que apoyamos plenamente para fomentar las TIC, pero que se está usando como coartada para luego instalar software convencional pirateado".
La piratería, según la BSA, provoca graves problemas, desde "las complicaciones más cotidianas de un software sin garantía ninguna", hasta de la mismísima "imagen de España como lugar para invertir, ya que da menor credibilidad a las empresas y se transmite la sensación de una falta de adaptación a las nuevas tecnologías casi tercermundista".
No es una cuestión de leyes -"la legislación española nos parece a la altura de la europea"- sino de "cultura". Andrés Pi, vicepresidente del comité español, afirma que "para el empresario parece que no es algo ilegal, pero el coste medio de las multas ronda los 53.000 euros". "En España no hay tradición de respetar la propiedad intelectual", pero BSA intenta trabajar en ello con las instituciones, buscando, por ejemplo, una mención del tema en Educación para la Ciudadanía.
