El delegado regional de Vitalia, una de las aseguradoras a través de la cual la Junta de Andalucía pagaba las pólizas de los expedientes de regulación de empleo (ERE), asegura en su declaración que dos empresas sevillanas eran conscientes de que se habían incluido a intrusos en sus ERE. Entre ellas está el restaurante Río Grande, aunque su propietaria, que está imputada en el caso, niega tal extremo.
Jesús Bordallo declaró el pasado mes de febrero como testigo, dentro de las actuaciones que la Policía Judicial está llevando a cabo bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya. Según consta en el informe policial, al que ha tenido acceso este periódico, el delegado regional de Vitalia afirma que Carmen García Sánchez "era consciente" de que en el ERE se había incluido el nombre de Carmen Fontela, pese a que ésta nunca trabajó en la empresa, pues "firmó las 13 pólizas, no 12, conocía que se prejubilaba alguien ajena a su empresa. Es prácticamente imposible no verlo". No obstante, Bordallo sostiene que ella "ni ganaba ni perdía", sino que fueron el sindicalista e intermediario Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González, ambos imputados, "los que pudieron lucrarse". De hecho, asegura que pudieron ser ellos dos quienes "en connivencia" acordaran meter a Fontela y aclara que el escrito que González envió a la central de la aseguradora no salió del fax de la empresa de Sevilla, sino de otro.
García Sánchez declaró un mes antes de Bordallo y entonces aseguró que desconocía que en el ERE, que se llevó a cabo en 2005, se había introducido a Fontela. La empresa, una vez que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores, remitió un escrito a la Delegación Provincial de Empleo que "iba firmado por todas sus hojas por los doce trabajadores" y por la propietaria. "Entre estos doce trabajadores no estaba Carmen Fontela", explica en su declaración, tras lo que aportó el documento a la Policía Judicial. De hecho, García insistió en que tras firmar la póliza solicitó una copia de la misma tanto a González como a Bordallo, "sin que hasta la fecha se haya entregado dicha copia. Tanto González como Bordallo han alegado, para no hacer entrega de la copia, diferentes causas, como que faltaba tal o cual firma", explicó. En el ERE también intervino Lanzas.
Bordallo también señala en su declaración que esta situación también ocurrió con el ERE de Saldauto, donde se incluyeron a tres intrusos. "Por supuesto que los socios conocían perfectamente la inclusión de dos personas [del tercero no hace referencia] en la póliza. Es la misma mecánica que en el caso de Río Grande y su dueña, que firman las pólizas y los certificados individuales", señala Bordallo. Sin embargo, en sus declaraciones, posteriores a la de Bordallo, los socios de Saldauto niegan este extremo y aportan la póliza que firmaron en la que sólo aparecen cinco firmas en lugar de ocho.
Respecto a este ERE, el delegado de Vitalia en Andalucía también señala al diputado Ramón Díaz Alcaraz, ya que asegura que fue quien le dio las indicaciones para incluir a dos de los tres intrusos en el ERE. El diputado socialista, según informó ayer en un comunicado, ya se ha querellado contra Bordallo por no rectificar estas declaraciones que "atentan contra mi imagen".
Por otro lado, el INEM ha reclamado a uno de los prejubilados incluidos de forma irregular en el ERE de Mercasevilla, también imputado en la causa, las cantidades cobradas por desempleo. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la decisión de eximir a la jueza Alaya del reparto de nuevos casos.
