Más de 120 millones de euros del Estado y otros 500 de fondos europeos. Son las cifras de la transferencia del Guadalquivir, que ayer sellaron Junta y Gobierno central. Se cumple en este caso un punto estrella del Estatuto, que permitirá, por primera vez, que la gestión de todas las aguas de la comunidad esté en manos andaluzas.
Los datos del gigante que gestionará el Gobierno andaluz hablan por sí mismos: a partir del 1 de enero de 2009, la Junta absorberá 850 empleados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el 85% de su plantilla) y administrará 53 de los 57 embalses de la cuenca. Todos salvo los de Fresneda y Montoro (en Ciudad Real), Jándula (Jaén) y el Pintado (entre Sevilla y Badajoz. La gestión de estas cuatro presas estará coordinada por el Ejecutivo central.
A partir de ahora y hasta el próximo 1 de enero la Junta tendrá que definir la estructura de la Agencia Andaluza del Agua. Este organismo tendrá en sus manos además del Guadalquivir, la cuenca Mediterránea (transferida en 2005) y la Atlántica (en 2006).
El número de funcionarios de la agencia se aumentará hasta casi duplicarse con la llegada de los 850 de la Confederación. Éstos se sumarán a los más de 900 funcionarios andaluces, de modo que el futuro órgano andaluz que gestionará el Guadalquivir dispondrá de casi 1.800 empleados públicos.
El Gobierno central se quedará en Andalucía con unos 150 trabajadores, que se encargarán de las competencias estatales reservadas en el Estatuto a la Administración central, como la planificación general de la cuenca.
Junta y Estado han diseñado este modelo para que no se rompa la unidad de cuenca y garantizar que el artículo 51 del nuevo Estatuto -el referente al traspaso del río- encaje en la Constitución, puesto que el Gobierno autonómico sólo tendrá competencias en las aguas del Guadalquivir que transcurren por Andalucía (90,22%). Con todo, este asunto está en manos aún del Tribunal Constitucional tras un recurso de la Junta de Extremadura.
Este "nuevo modelo" marca un camino jurídico que permitirá "facilitar la tarea" a otras comunidades que puedan plantear cuestiones similares, según explicó, en alusión al Ebro, la ministra Elena Salgado, en la cita de Cazorla en noviembre de 2007, cuando Junta y Estado pactaron el traspaso.
Sin embargo, regantes y ecologistas, ya han mostrado su preocupación ante el riesgo de que se provincialice la gestión del agua. Cómo administrará la Agencia Andaluza del Agua el río es el reto que debe afrontar desde hoy la Junta, que quiere dejar eso cerrado antes de fin de año en un Pacto por el Agua de Andalucía.
