Los vecinos del Prado han logrado su primera victoria judicial contra la biblioteca de la Hispalense. Ayer, una juez decretó la suspensión provisional de las obras porque entiende que si prosiguen se puede dañar irreversiblemente el parque, antes de que la Justicia dirima la legalidad de los trabajos. Mañana ha citado a todas las partes y decidirá si la suspensión se mantiene o se revoca.
La juez accidental del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Sevilla ha resuelto de esta manera la solicitud que la Asociación de Vecinos Huerta de la Salud presentó el pasado 31 de julio, en la que reclamaba la paralización temporal de la obra, una vez que constató que los trabajos tenían licencia y habían comenzado. El auto fija la suspensión "con carácter provisionalísimo", es decir, apenas por dos días hasta que mañana escuche a los propios residentes del Prado, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla. Será entonces, a las diez de la mañana, cuando la decisión se convierta en firme o se levante la prohibición.
Un motivo claro fundamenta la decisión de la juez: es mejor suspender ahora la obra para evitar "una perturbación evidente de los intereses generales ante el progreso de la construcción", ya que el conjunto de los jardines del Prado donde se va a instalar la biblioteca universitaria está declarado Bien de Interés Cultural. Más claro: nadie descarta que se haga un daño irreparable a los árboles y el mobiliario antes de que haya un auto judicial firme que avale la legalidad y la adecuación de la obra.
Tanto el Ayuntamiento como la Universidad insistieron ayer en que el proyecto que levantará la arquitecta iraquí Zaha Hadid -con cabida para 3.300 investigadores y que costará 22,5 millones de euros- "entra dentro de la legalidad urbanística" y manifestaron su intención de demostrarlo así ante la juez. En la parte contraria, el presidente de la asociación Huerta de la Salud, José Miguel González, quien registró el recurso, se mostró esperanzado en que "este auto sea el primer paso de una paralización definitiva". González insistió en que sus convecinos y las demás asociaciones vecinales que estos días se han manifestado contra el proyecto (el lunes pasado, sin ir más lejos, tuvieron que ser desalojados por la Policía durante una protesta) no se oponen a la biblioteca, sino a su ubicación. "Entendemos que existen otras parcelas donde colocarla, que no es obligado eliminar un parque que es de todos los sevillanos, un pequeño pulmón verde, para poder levantarla", añadió.
Revés inicial. La Justicia da ahora la razón a los opositores al proyecto, pero no siempre ha sido así. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó la paralización cautelar de la obra que reclamaba la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (Adepa) y dio la razón a los promotores. El Alto Tribunal andaluz justificó su decisión en que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía había dado su beneplácito al edificio, igual que había hecho con la modificación del PGOU que incluía el proyecto. La asociación insiste en que los árboles que se han comenzado a retirar del parque no podrán ser replantados porque se morirán mientras dura la obra, por eso recurrió la resolución y aún espera respuesta. La Hispalense responde garantizando se van a trasplantar todos los árboles afectados por los trabajos. Serán los jueces los que den y quiten razones.
