La promotora Cioter ofrecerá veinte pisos de la urbanización El Mirador, construida hace seis años y en la que conviven unos pocos pisos habitados por propietarios que los compraron en su día con otros que con la crisis se quedaron sin vender algunos de ellos ocupados en alquiler mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para que sea éste, a través del registro de demandantes, quien seleccione a los posibles adjudicatarios, que deberán reunir los requisitos exigidos por Cioter: tener empleo e ingresos inferiores a 10.000 euros anuales en el último ejercicio fiscal. A éstos, la empresa les ofrecerá un alquiler durante cinco años de entre 250 y 300 euros mensuales, un precio que la promotora y el Consistorio consideran «razonable» y «por debajo de la media del mercado».
Los pisos que Cioter ofrece ahora en alquiler en el edificio hay otros que pertenecen a La Caixa no incluidos en el acuerdo son 18 inmuebles de tres dormitorios, por los que la renta mensual a pagar será de 250 euros, uno de dos dormitorios, cuyo alquiler costará 225 euros, y otro de cuatro habitaciones por 300 euros al mes.
Los responsables municipales y de Cioter se reunieron ayer para ultimar los flecos del acuerdo y las condiciones de la promotora, si bien fuentes del Ayuntamiento señalaron que ya hay demandantes que se han interesado por ellos y se está analizando si cumplen los requisitos. La gestión municipal la realiza la empresa pública Soderinsa Veintiuno que, según el alcalde rinconero, Javier Fernández, «funciona como agente colaborador, que negocia los precios con la promotora y la pone en contacto con los demandantes de forma totalmente gratuita». Fernández añadió que el Ayuntamiento hará esta función «con cualquier otra empresa que ponga en el mercado viviendas en alquiler a precios razonables».
Existe un problema añadido con los pisos de Cioter en la urbanización El Mirador ya que se da la circunstancia de que algunos de ellos han sido ocupados por familias desahuciadas de sus viviendas durante el tiempo en el que han estado vacíos. La empresa ya denunció a estos ocupas por usurpación ilegal si bien hasta el momento el juez no ha dictado la orden de desalojo.
Jesús y Alba son una de esas familias ocupas, con dos niños de 3 y 2 años, ambos en paro y sin ingresos, por lo que no podrán acogerse a la oferta de Cioter. «De todas formas yo no puedo pagar 250 o 300 euros, yo necesito un alquiler social de verdad, con un precio simbólico de 30 o 50 euros, que eso ya sí me buscaría yo la vida para conseguirlo porque entiendo que algo tengo que pagar», explica Alba, quien asegura que pese a la denuncia no ha recibido ninguna citación judicial ni orden de desalojo.
La pareja vivía antes de alquiler pero «llevábamos cuatro meses sin pagar, era un particular y también lo necesitaba así que nos fuimos. Antes de meternos estuvimos de acampada pero estos pisos llevaban años vacíos. Empezamos tres y ya somos unas diez familias». La delegación de Servicios Sociales le ofreció una ayuda para otro alquiler durante seis meses pero Alba temió verse en la misma situación pasado ese tiempo y «yo duermo en la calle pero mis hijos no».
