La herencia recibida de la que tanto hablan los miembros del Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) vuelve a los acuerdos de la Gerencia de Urbanismo que, obligada por los tribunales, aprobará la próxima semana el pago de casi un millón de euros a Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) por los retrasos a la hora de liquidar obras de repavimentación en las calles entre los años 2003 y 2005 y de la transformación de la Alameda de Hércules. Trabajos todos ellos encargados y ejecutados durante el anterior gobierno de PSOE e IU.
En primer lugar, la Gerencia reconoce la obligación de pagar 668.157 euros como resultado de la condena dictada en noviembre de 2012 por el juzgado contencioso-administrativo número 3 en concepto de intereses moratorios por el pago tardío de las certificaciones de obras de un contrato para arreglar calles del periodo 2003-2005.
Y en segundo lugar, acuerda ejecutar la sentencia firme del 16 de septiembre de 2013 del juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Sevilla en la que se cifra en 293.832 y 14.987 euros la liquidación de los intereses de demora devengados por el pago tardío de la revisión de precios y de los intereses que a su vez éstos han devengado desde el recurso judicial hasta la fecha de la sentencia, todo por el proyecto básico y de ejecución para la regeneración y adecuación de la Alameda de Hércules.
Y es que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ya condenó a Urbanismo a pagar a Sando 677.4860 euros, más esos otros 300.000 euros en concepto de intereses de demora, por una «revisión de precios» del contrato de obras de la Alameda, como dio cuenta el 31 de octubre en la comisión ejecutiva de la Gerencia.
Sólo en 2012, la Gerencia ejecutó 1.200.000 euros en pago de intereses de demora por acatamiento de sentencias, y le quedaba 1,4 millones más por acatar por obras como vías ciclistas, Plan de Barrios y reurbanización de las plazas de la Alfalfa, San Isidoro y la Pescadería.
La reurbanización de la Alameda, cuyas obras comenzaron los primeros días de noviembre de 2005 a manos de Sando y bajo el diseño del arquitecto José Antonio Martínez Lapeña, fue inaugurada oficialmente en diciembre de 2008 tras más de tres años de obras y 14 meses de retraso conforme al plazo inicial de 20 meses de duración. El coste de las obras, en ese sentido, estaba inicialmente fijado en 7.051.796 euros pero creció casi un 30 por ciento.
Las obras no fueron recepcionadas hasta el 10 de octubre de 2009, mediando un proyecto modificado por el que se prolongó la fecha de finalización de los trabajos, prevista inicialmente para febrero de 2008. La revisión de precios, derivada a partir del primer año de duración del contrato y hasta la finalización de éste, «no se hizo en las certificaciones contractuales ordinarias, sino que se incorporó a la liquidación del contrato», según el Consistorio.
La sentencia considera que la Administración debió incluir la revisión de precios «en cada una de las certificaciones mensuales ordinarias» y no esperar a la liquidación final, por lo que al no hacerse así, «se devenga el derecho al abono de los correspondientes intereses de demora». Y, como consecuencia, Urbanismo, en números rojos, tiene que pagar.
