El Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, en coordinación con los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, está llevando a cabo desde primera hora de la mañana, registros en varias sedes oficiales y de empresas concesionarias del Consell de Mallorca (Gobierno insular), en la que ha sido bautizada como Operación Cloaca.
Según fuentes de la investigación las principales actuaciones policiales se han llevado acabo en las oficinas de la consellería insular de Medio Ambiente en Palma, en las de la empresa Melchor Mascaró en Manacor y en la sede de la empresa Can Picafort en el término municipal de Margalida. Por el momento hay cuatro detenidos que se encuentran en la comisaria nacional de policía de Palma y se espera que se produzcan más en las próximas horas.
Los detenidos es Gabriel Perelló, ingeniero técnico de un departamento de residuos al cargo de supervisar la ubicación y gestión de los contenedores de residuos de Mallorca. El funcionario ha estado presente durante el registro de su despacho por parte de los agentes de la policía, asistido por su abogado Tomeu Oliver.
La Operación trata de averiguar la existencia un fraude de más de un millón y medio de euros a través de supuestos desvios de fondos, cobro de comisiones y emisión de facturas ilegales en la gestión de de la recogida de residuos en Mallorca desde 2005, según fuentes cercanas al caso. Pero no solo se centra en las actividades llevadas a cabo en el pasado. También afecta en su responsabilidad política a dirigentes de la nueva Unió Mallorquina surgida tras la ruptura del pacto con el PSOE a finales del 2009.
Entre ellos se encuentra Catalina Julve, considerada por fuentes de la investigación como la responsable política indirecta de la nueva trama de corrupción. Julve fue consellera de Medio Ambiente de Unió Mallorquina durante el período en el que se centra la investigación y fue destituida en febrero de 2010, junto al resto de consellers de su partido, a raíz de los casos de corrupción en los que se vieron involucrados miembros de la formación nacionalista. En la actualidad Julve es la portavoz y número dos de la nueva Unió Mallorquina y líder del partido en Manacor.
Los negocios que se están investigando tienen que ver con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y la eliminación de escombros, sometido a una concesión de más de 45 años a un grupo de empresas lideradas por Tirme (un gran conglomerado de empresas -está participado por Enel greenpower España, FCC o Iberdrola entre otras- que lidera el parque tecnológico de recogida de basura Son Reus, el gran vertedero de Mallorca). Unió Mallorquina controló durante más de 15 años, alternativamente con el PP y el PSOE, la gestión de este área.
Los agentes se están incautando de abundante documentación física e informática en relación con una supuesta trama de negocios clandestinos ligados a Unió Mallorquina, según han informado fuentes del caso. Esta formación fue expulsada del Gobierno balear en febrero de 2010 por el PSOE después de que sus líderes fueran detenidos e imputados en distintos casos de corrupción. Los registros se están produciendo en Inca, Palma y Manacor.
La operación se ha puesto en marcha gracias a una denuncia impulsada por la actual consellera de Medio Ambiente y sustituta de Julve, Marilena Tugores, miembro de El Verts, partido integrado en El Bloc. En ella se revelaba la existencia de un contrato para la gestión de la recogida de residuos selectivos en todos los pueblos de Mallorca, salvo Palma y Calviá, que Unió Mallorquina adjudicó a dos UTES, lideradas por Melchor Mascaró -adjudicataria de la construcción del velódromo de Palma Arena- y Fomento, respectivamente.
