Después del "violento" desahucio que tuvo lugar en el municipio de Cártama (Málaga) esta semana -hubo ocho heridos leves-, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, no sólo para transmitirle su "profundo malestar" por lo sucedido, sino para tratar de "consensuar un protocolo de actuación policial que evite situaciones de violencia como la ocurrida el jueves", explicaron a este periódico fuentes de la consejería. Cortés envió el viernes una carta a Crespo para pedirle un encuentro en el que pretende "abordar la forma de actuar de los cuerpos de seguridad del Estado en la ejecución de los desalojos".
El jueves pasado, una treintena de agentes de la Guardia Civil, apoyados por miembros de la Policía Nacional, acordonaron una calle de Cártama, un pueblo de 22.867 habitantes, impidieron el acceso a una vivienda y procedieron al desalojo de la familia que residía en ella, y que tenía una notificación de desahucio porque llevaba tres años sin pagar. Era el tercer aviso de desalojo, el primero lo impidieron un centenar de vecinos, en el segundo no se personaron los de seguridad. El tercero fue definitivo: la Policía accedió al domicilio rompiendo la puerta con una maza, y después de muchos forcejeos, tuvo que sacar por la fuerza a los inquilinos, que se resistieron a abandonar la casa por su propio pie. El Defensor del Ciudadano en Málaga, Francisco Gutiérrez, presenció el desalojo, junto a docenas de vecinos que increparon a los agentes de la Benemérita. Gutiérrez censuró duramente la intervención policial. "Han arrastrado a personas y les han pedido el carné de identidad, no sé si con intención de denunciarlas", aseguró a Europa Press.
Después de estos hechos, la consejera de Vivienda le ha hecho llegar por carta a la delegada del Gobierno en Andalucía su "profundo malestar y preocupación por la forma en la que se ha procedido en el desahucio realizado en Cártama, con el uso de una fuerza desmedida de los agentes de seguridad". "Desde esta consejería consideramos que no pueden repetirse situaciones de violencia y crispación como la vivida en Cártama, donde, además, se han visto menores implicados, algo que nos resulta inconcebible", denuncia Cortés.
La titular de Vivienda quiere comprometer a Crespo en la elaboración conjunta de un "protocolo de actuación policial, que deje claro que los agentes están para proteger al ciudadano, no para producir ni permitir situaciones violentas como las del otro día". El objetivo de esta reunión, explicaron desde la consejería, es "dejar claro que el problema de los desahucios es un problema social, no policial, y que de ninguna de las maneras los cuerpos de Seguridad, que están para proteger a los ciudadanos, deben ponerse al servicio de una actuación que machaca aún más a las víctimas del drama que supone el desalojo de una casa".
Elena Cortés, una de los tres miembros del Gobierno andaluz que pertenece a IU, maneja un departamento que antaño contenía una de las partidas más abultadas del Presupuesto autonómico, pero que en la actualidad, y a raíz de la crisis inmobiliaria, ha visto reducida considerablemente el gasto para inversiones. Una de sus prioridades al asumir el cargo fue insuflar una carga social a su departamento, centrándose en las políticas de vivienda y especialmente en el problema "cada vez más común" de los desahucios. "El primer objetivo de la consejería sigue siendo evitar que se produzcan desalojos en Andalucía", manifiesta. La Junta ya ha puesto freno a los desahucios en las viviendas públicas, en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en supuestos en los que existan personas dependientes -menores y ancianos- dentro de la unidad familiar. Su objetivo también es actuar sobre los desahucios de las viviendas libres, pero el impedimento es ahora la Ley estatal de Enjuiciamiento Civil, la ley hipotecaria, que la Junta presiona para modificar.
