Emvisesa, la empresa pública municipal de la vivienda de Sevilla, ha demostrado, una vez más, que tiene ideología. No es lo mismo gestionar la promoción de la vivienda desde la derecha -cuyas políticas, hablando en términos históricos, han brillado por la ausencia de VPO cuando gobernaban en Sevilla el PP y el PA- que poner a disposición de las necesidades reales de la mayoría, especialmente de las personas que más lo necesiten, los recursos al alcance del Ayuntamiento, como hacemos ahora.
La fuerza política de la que yo soy portavoz municipal ha impulsado, desde el Gobierno de la ciudad de Sevilla, una política muy intensiva de construcción de vivienda protegida desde el comienzo del mandato anterior, 2003-2007. Miles de viviendas dignas, entregadas a sus actuales propietarios a un precio que significó la mitad o un tercio del que le cobrarían de haberla adquirido como renta libre.
Hemos promovido cambios en la norma de adjudicación para evitar cualquier tipo de trato privilegiado, así como aquellas vejatorias y humillantes colas de dos o tres días, con mesas y sillas de playa y mantas y termo a las puertas de las oficinas de la empresa, pues se adjudicaban al primero que llegaba o al amiguete de turno.
Ahora, en lo que supone un paso más a favor de los más desiguales, se adopta una medida de progreso para evitar el creciente número de renuncias por no poder obtener la hipoteca o por no conseguir, al mismo tiempo que aquella, el 20% más el IVA del total del precio de la misma en el momento de la entrega de las llaves.
Estas medidas van a facilitar al adjudicatario de una VPO una moratoria en los primeros pagos a las personas en desempleo hasta que se produzcan cambios en su situación laboral. Al mismo tiempo, se podrán aplazar los pagos de la mitad de la entrada, y, en caso de que no le sirvan en el momento de la adjudicación, la garantía de reserva de una vivienda en una promoción posterior.
Se trata, en definitiva, de poner al alcance de los que puedan quedar en el desempleo o tengan dificultades para los primeros pagos, una serie de facilidades que les permitan salvar el primer obstáculo económico, el más alto, así como, si ello no fuera suficiente, garantizarle su inclusión en futuras promociones.
La política de vivienda con algún tipo de protección ha sido un rasgo de identidad de Izquierda Unida desde que estamos en el Gobierno de la ciudad. La vivienda es una necesidad esencial -en propiedad o en alquiler- para las personas, y representa el mayor esfuerzo económico de su vida para la mayoría de la ciudadanía. Por ser consciente de ello, las medidas en presencia se adoptan en el marco de una galopante crisis económica y financiera que está haciendo recaer sobre las espaldas de los más débiles sus efectos más agudos sin tener culpa alguna de la misma.
Una vez más, la solidaridad -no confundir con caridad- y la lucha contra las desigualdades, como reza nuestro lema político, se concreta en una medida municipal, esta vez, relacionada con la vivienda pública, mostrando por ello una sana satisfacción política al manifestarse la utilidad de una fuerza política como la nuestra, comprometida con la inmensa mayoría social en unos momentos como los presentes, en los que atraviesan por crecientes dificultades.
