El anuncio de Apple y Facebook de incorporar como incentivo laboral para retener a sus trabajadoras el pago del tratamiento de congelación de óvulos y, en el extremo contrario, la propuesta del Gobierno británico de incentivar fiscalmente la vuelta al mercado laboral de mujeres que lo abandonaron para ser madres financiando un 20 por ciento de los gastos del cuidado de hijos ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno y complejo debate sobre la conciliación de la vida personal en este caso familiar y laboral. Un debate que en países como España, con un índice de natalidad de los más bajos de Europa y un progresivo envejecimiento de la población, que con la crisis ya no es capaz de compensar la inmigración, es un reto social ante el que incluso los empresarios se empiezan a preocupar, como dejó claro el informe Directivos y Responsabilidad Social Empresarial presentado hace unos días por la Fundación Adecco, en el que responsables de 150 empresas andaluzas admitían su inquietud por el envejecimiento de la población activa. Pese a que Andalucía es una de las comunidades más jóvenes y Sevilla lidera el crecimiento vegetativo de la comunidad con 760 más nacimientos que fallecimientos en el primer trimestre del año, ya hay 90 personas con más de 64 años por cada cien con menos de 16 y la previsión es que en una década haya más mayores que jóvenes, con el consiguiente problema para el sostenimiento del sistema de la Seguridad Social.
Son múltiples los factores que llevan a una mujer a decidir tener o no hijos y el momento de tenerlos las sevillanas esperan de media a los 31,46 años y el número de hijos por mujer es de 1,46 hijos. De hecho, la Asociación de Empresarias de Sevilla, a través de su secretaria general, Rosario Rodríguez, rehusó hacer «valoraciones sobre este tipo de medidas porque entendemos que son decisiones dentro de la esfera personal de las mujeres». Pero no es posible obviar que el hecho de que su etapa de mayor fertilidad coincida con el apogeo de su vida laboral tiene enorme influencia. La prueba es que según reconoce el director de la clínica IVI de Sevilla, Manuel Fernández, cuando en 2009 comenzaron a realizar la congelación de óvulos, la mayoría de las pacientes que acudían a esta técnica eran mujeres con cáncer que querían preservar sus posibilidades de ser madre antes de someterse a una operación y tratamiento de quimioterapia que iba a afectar a su fertilidad único caso en el que el SAS sufraga este tratamiento e IVI también lo realiza gratuitamente pero en los últimos años, las mujeres que se someten a esta técnica por «motivos sociales» crecen exponencialmente a un ritmo de «40 por ciento cada año». Si en 2013 en el centro de Sevilla realizaron 25 tratamientos de este tipo a mujeres sin problemas oncológicos, en lo que va de año ya superan los 40.
¿Y cuáles son esos motivos sociales que llevan a las mujeres a congelar sus óvulos y retrasar su maternidad? Fernández reconoce que no es solo que el aspecto laboral y la falta de pareja sean las causas mayoritarias sino que con frecuencia van unidas. «Normalmente son mujeres de unos 35 años que no quieren ser madres ahora, en muchos casos porque su trabajo le demanda tanto tiempo que no puede afrontarlo e incluso esa situación laboral le dificulta tener pareja», explica Fernández, quien bromea con que IVI se anticipó «en cierto modo» a las multinacionales de Silicon Valley ya que sus trabajadoras cuentan con descuentos que «en función de la antigüedad pueden llegar a la gratuidad total» en todos los tratamientos de fertilidad, incluida la congelación de óvulos, que cuesta unos 2.500 euros con cinco años de mantenimiento y que en la posterior implantación, tiene un porcentaje de éxito que ronda el 50 por ciento «igual que el de todos los procesos de fecundación» (a cada paciente se le hace un estudio personalizado del estado de sus óvulos para determinar sus posibilidades).
Dado el peso del factor laboral en la decisión de tener hijos, una decisión que no hay que olvidar que para la mujer tiene un límite biológico que no tiene para el hombre, el reto que se plantea es cómo hacer compatibles ambos ámbitos sin coste personal en uno u otro. Si bien ante decisiones empresariales como la de pagar un tratamiento a las trabajadoras para que posterguen ser madres frente a la preocupación por el envejecimiento de la población activa con la consiguiente repercusión en el sistema de cotizaciones cabe preguntarse si más allá de la responsabilidad social el debate debe trasladarse también al terreno de la rentabilidad económica.
La catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, Lina Gálvez, es autora de un estudio único que cuantifica el valor económico del trabajo no remunerado que hombres y mujeres realizan aunque con una diferencia de dos horas y media en el tiempo que unos y otras le dedican cada día según el cual este trabajo de cuidados que regalan los andaluces genera una riqueza no contabilizada de 167.500 millones de euros anuales, cifra superior al PIB andaluz. El estudio, realizado en 2011 a partir de 1.500 encuestas a andaluces mayores de 16 años (343 en Sevilla), revela que los sevillanas dedican una media de tres horas diarias a los trabajados de cuidados no remunerados (3,87 horas ellas y 1,89 ellos) si bien a nivel global de Andalucía estima que los hombres dedican anualmente 1.1415,21 horas y las mujeres 2.763,90 a trabajos no remunerados, horas que en el mercado laboral tendrían un valor de que, de ser realizadas por empresas de servicios tendrían un valor de 18.822 y 30.237 euros al año respectivamente.
Pero a la pregunta de si la conciliación puede ser rentable para las empresas tiene claro que en aquellos sectores que permiten trabajar por objetivos es más fácil adoptar medidas de flexibilidad, teletrabajo o aprovechar las nuevas tecnologías y no afecta a la productividad , si bien admite que hay otros donde no mantener unos horarios supone perder competitividad por lo que «tiene que haber un cambio generalizado».
Para Gálvez, el problema del trabajo de cuidados no implica solo el de los hijos sino también de otras personas dependientes y «el cuidado de uno mismo que todos necesitamos porque somos seres interdependientes» y «no es un problema individual de las personas o las familias sino social», de ahí que abogue por que «los Estados del Bienestar no solo se preocupen de asegurar a las personas frente al riesgo de quedarse en paro, tener un accidente o una enfermedad, sino que también se hagan cargo del cuidado diario».
En este sentido señala que no hay una medida que por sí sola sea la solución, como crear más servicios públicos tipo guarderías o ampliar los horarios no lectivo de los centros escolares, sino varias combinadas, desde racionalizar los horarios frente al «presencialismo que es un mal de España» a «que se creen las condiciones para la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados», pues se trata de «ir hacia un reparto del trabajo no solo remunerado sino también del no remunerado» y, por qué no, incentivos fiscales para opciones que hoy están penalizadas laboralmente. Las políticas pensadas solo para que sea la mujer la que concilie no acaban con el problema sino que siguen poniendo a ésta en desventaja porque «la disponibilidad total es irreal y quien la tiene es porque hay otro haciendo trabajos no remunerados para que él tenga esa disponibilidad» y no generan el cambio cultural necesario para que «todo el mundo prefiera jornadas más reducidas y sea normal» e incluso con ello se genere empleo al haber más gente trabajando menos tiempo.
En esta misma línea coincide la secretaria de Empleo y Mujer de CCOO-Sevilla, Teresa García, quien alerta del retroceso que la crisis ha supuesto en la conciliación ya que el 70 por ciento de las consultas que recibe el Servicio de Defensa Legal de la Mujer en casos de discriminación por razón de sexo está relacionado con despidos por embarazos o problemas laborales para pedir reducciones de jornadas, además de que el Gobierno central «ha vuelto a retrasar el permiso de paternidad de un mes que debía entrar en vigor en 2015» y sobre el que, como Gálvez, aboga por que sea «obligatorio e intransferible para los hombres». García también incide en que el hecho de que las políticas de conciliación no sean para ambos hace que «las empresas vean con muy malos ojos contratar a mujeres» pero recuerda que «hace años que la cobertura de la baja maternal está subvencionada, a las empresas no les cuesta y socialmente es muy beneficioso que nazcan niños» al tiempo que defiende que medidas de reordenación de horarios «no serían costosas» mientras «el presencialismo está siendo muy improductivo».
La conciliación lleva años en las políticas e incluso en planes empresariales. El principal avance está en la oferta de servicios como el plan de apertura implantado ya en 447 colegios de Sevilla con comedor, aula matinal o extraescolares y la extensión de la red de guarderías hasta cubrir el 33 por ciento de la población menor de 3 años. Mientras que los incentivos a la implantación de planes de igualdad han tenido más éxito en el sector público que en el privado, con ejemplos como el Proyecto Búho de la Universidad Hispalense (que engloba bancos del tiempo en el que el personal intercambia servicios, entretenimiento para los hijos de los trabajadores en horario extraescolar o el programa de alojamiento de estudiantes con mayores y discapacitados). El último anuncio ha sido el de la Consejería de Hacienda de incluir cláusulas de igualdad en contratos y subvenciones públicas. Pero el cambio social y cultural que evalúe la conciliación como beneficio y no como coste es el gran reto.
