El origen. Todo empezó un 19 de julio. En pleno verano, el gobierno local difundió un informe firmado por su recién nombrado director de Movilidad, Enrique Medina. En cinco párrafos, y con una sorprendente contundencia, el gobierno despachó el Plan Centro: "El servicio de cámaras está desactivado. Desde marzo no se tramitan sanciones. Los índices de error, por deficiencias en las lecturas de matrículas y otras incidencias, puede ser una de las causas de la paralización".
Un día después de hacerlo público, el mismo Medina pone su firma a una hoja de papel escrita a bolígrafo encargando a posteriori un informe que recogiera "errores" en las cámaras y "desvíos presupuestarios". Se lo pidió a Enrique Gutiérrez, el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, ajeno al Plan Centro y enfrentado con sus compañeros y con la anterior delegación. Respondió con inusitada rapidez. El 22 de julio tenía su profuso estudio: sus compañeros habían cometido delitos, el anterior gobierno los había avalado y la empresa Sice, un referente en el sector, era deficiente. El delegado de Tráfico recibió este informe y lo derivó a Alcaldía.
La derogación. El gobierno descubrió entonces que tenía una nueva arma en sus manos. Otra bomba que dinamitase cualquier intento de réplica a una de sus medidas. Así, con esta baza y sin tener en cuenta que ya la empresa le había demostrado que sus cámaras no fallaban, se aprobó por una resolución de Alcaldía y sin esperar al Pleno la derogación del Plan. Fue un 26 de julio. Y, pese al verano, Juan Ignacio Zoido recibió las primeras críticas por falta de diálogo y de un plan alternativo de movilidad. Alguien tomó una decisión entonces. Pasó por encima de la empresa y el portavoz del gobierno, Francisco Pérez, se plantó en una rueda de prensa a esgrimir el informe y a lanzar una acusación: "El Plan Centro está preñado de irregularidades, es un fraude de principio a fin". Tanta seguridad tenía el gobierno en sí mismo que esa misma semana, mientras los funcionarios aludidos mostraban su malestar y preparaban informes contrarios, llegó a invitar a 7.000 multados a recurrir.
El Pleno. Y llegó el 29 de julio. El primer Pleno, el mismo en el que Alfredo Sánchez Monteseirín en 1999 cometió su primer gran error al subir el sueldo de la Corporación. Y el PP, al sentirse cuestionado por un sector de la población y por la oposición que no acabó de dar crédito a sus denuncias, se lanzó a la piscina sin asegurarse antes de que había agua. Y así nació la primera comisión de investigación de un gobierno contra la oposición, y la primera en la que el proponente acaba acorralado, dando explicaciones . Y no debió de pillarle por sorpresa. Porque durante la primera semana de agosto, el PP ya tuvo seis informes que negaban delitos y limitaban el fallo a que faltó personal para seguir multando y se paró. Pese a esto, aguantó el tirón, pasó de puntillas por los informes y mantuvo el lema: es un fraude.
La comisión. Ni el concejal de la oposición más optimista se podía esperar el desenlace de las primeras declaraciones. El PP acabó mostrando que está enfrentado con los funcionarios hasta el punto de que es capaz de desacreditar a uno por su ideología socialista y cesar a otro tres días antes de la comisión de investigación, que no todos sus concejales comparten su estrambótica estrategia, que no todas las denuncias que han realizado contra el anterior gobierno son ciertas y, sobre todo, que tiene un agujero preocupante en materia de movilidad y no sabe por dónde empezar.
Por mucho que se esfuerce el PP en trasladar otra imagen, lo cierto es que el espectáculo acabó siendo una reivindicación del anterior gobierno. Y si alguien lo duda, que pida la grabación y vea el homenaje que Antonio Rodrigo Torrijos y Francisco Fernández se dieron a costa del PP en el interrogatorio; o el repaso que dio el exdirector de Movilidad Rubén García al presidente de la comisión, Francisco Pérez, uno de los mejores concejales que tiene el PP y que ha salido más algo quemado de ésta.
La consecuencia. ¿Y ahora qué? La oposición lo tiene claro: pedir responsabilidades. Y la lista empieza por Enrique Medina, sigue por Demetrio Cabello, cuyo desinterés por el tráfico en el Centro es impropio de un delegado de Tráfico; continúa con el propio Pérez y puede llegar a alcanzar a Juan Ignacio Zoido . ¿Y el PP? O da carpetazo a la comisión al modelo Madrid con un dictamen rápido avalado sólo por su mayoría absoluta, o muestra un as que tuviera en la manga, o acaba prolongando un desgaste político completamente inexplicable con una mayoría absoluta de 20 concejales y un programa que lo decía muy claro: derogar el plan de tráfico del Centro.
En twitter jalonso2
