Tan esperada como decepcionante. La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para abordar la crisis generó unas expectativas que, finalmente, no se vieron satisfechas. Avales para que las constructoras saquen viviendas en alquiler y la creación de sociedades de inversión para aportar liquidez, las únicas novedades.
Fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero el encargado de restar interés a su segunda comparecencia extraordinaria en el Congreso para evaluar la situación económica. "El grueso de medidas que dependen sólo del Gobierno ya está aprobado", por lo que -espetó- no hay que esperar "una nueva batería de anuncios y propuestas", ya que "no tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas".
Sin embargo, el presidente del Ejecutivo sí lanzó dos nuevas iniciativas enfocadas a impulsar el sector de la construcción. Por un lado, anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha una línea de crédito de 3.000 millones de euros con el que avalar a los promotores para que construyan viviendas con el compromiso de que éstas se dirijan al mercado del alquiler.
Con esta medida, el Gobierno pretende dar salida a una bolsa de 25.000 viviendas, según el departamento de Beatriz Corredor, que negó que se trate de salir al rescate de las inmobiliarias en apuros, ya que el ICO analizará cada caso en particular.
También dirigida a revitalizar el alquiler se orienta la segunda novedad: el Ejecutivo autorizará la creación de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, para lo que ultima la normativa que las regulará. Serán sociedades anónimas que gestionarán patrimonio inmobiliario destinado al alquiler y cotizarán en bolso como los fondos de inversión, además de contar con ventajas fiscales. El objetivo es que aporten liquidez al sector y sirvan como forma de ahorro "muy transparente" para los pequeños ahorradores.
Medidas, ambas, que fueron recibidas con gran satisfacción por el sector, que urgió a acelerar ambas líneas de actuación.
Zapatero pidió confianza en la recuperación económica pese a admitir que se avecinan tiempos "duros", mientras que toda la oposición cuestionó su eficacia en la gestión de la crisis, le reclamó iniciativas de carácter estructural y le pidió que la contención del gasto no afecte sobremanera a las comunidades autónomas.
"¿A qué ha venido usted aquí?", espetó a Zapatero el líder del PP, Mariano Rajoy, en cuanto el presidente finalizó su intervención. Convencido de que en su exposición no había habido "nada nuevo ni relevante", Rajoy le pidió que "deje de ser parte del problema si no está capacitado o dispuesto a dar soluciones o a contribuir a ellas".
Zapatero, por su parte, lamentó la "falta de rigor" de Rajoy en su análisis de la situación económica por estar "obsesionado" con un único objetivo, el de culpar al Gobierno de la crisis.
Como hizo en julio, el presidente del Gobierno insistió en que el deterioro económico no es exclusivamente español sino que afecta a las principales economías desarrolladas y tiene su causa principal en la crisis financiera internacional, que ha supuesto la restricción del crédito y que reduce la capacidad de reacción de las empresas. El jefe del Ejecutivo hizo un llamamiento al esfuerzo colectivo ante la crisis y reclamó confianza sobre las posibilidades "no lejanas" de salir de ella, aunque reconoció que los próximos trimestres serán "duros y complicados". Como dato positivo citó la ligera subida de la confianza de los consumidores y auguró una bajada de la inflación para los próximos meses propiciada por la caída del precio del petróleo, hasta situarse por debajo del 4% a finales de año.
Lo peor, el paro . Ante esta coyuntura, Zapatero se comprometió a que su Gobierno mantendrá el gasto social, si bien avanzó que el crecimiento del gasto no financiero de los Presupuestos del Estado será sólo del 3,5%, en lugar del 5% de límite que había permitido el Congreso. Reconoció que lo que más le preocupa ahora es el empleo y consideró que las personas que pierden su trabajo o las que no pueden incorporarse al mercado laboral son la "dolorosa fracción de un fracaso colectivo" del que también el Ejecutivo se siente responsable. En este ámbito anunció que el actual plan de recolocación aumentará hasta los 1.106 millones.
