No hay mal que por bien no venga, reza el refrán. El proceso hacia la independencia de Cataluña nos ha complicado la vida política, social y económica a todos los españoles y, en especial, a los que viven en esa comunidad. Pero el problema creado por los independentistas tiene una parte positiva, ha servido para que en otras comunidades nos pongamos las pilas y empecemos a ser más críticos con nuestro comportamiento individual y colectivo, con nuestra condición de ciudadanos.
Nos hemos dado cuenta del poder de la movilización ciudadana, del valor que tienen nuestras decisiones como compradores y usuarios de servicios al ver como empresas de todo tipo han reaccionado con rapidez y han movido sus sedes, han empezado a indicar en sus envases donde fabricaban sus productos o se han desmarcado del proceso al verle las orejas al lobo del boicot.
El debate ideológico ha empapado las charlas familiares y las reuniones de amigos y ha servido para darnos cuenta que no podemos ser apolíticos, que hay que hacerse oír y aprender a escuchar, que las mayorías silenciosas deben romper su silencio.
No me gustan ni las patrias, ni las banderas, ni las fronteras, quizás por eso me ha hecho gracia una pancarta colgada estos días en un balcón de Sevilla: «que la lluvia destiña vuestras banderas». Sí, el conflicto catalán ha sido un revulsivo, nos ha sacado de nuestra zona de confort político y ha estimulado enormemente el análisis crítico y la discusión.
Pero que nadie piense que tras el intento de ruptura y divorcio de Cataluña, del desbordamiento de la legalidad, las aguas volverán a su cauce. Lo más negativo del conflicto catalán es la destrucción de la confianza mutua que requerirá mucho tiempo y esfuerzo para ser restaurada.
Ojalá que las lecciones aprendidas del llamado «procés» no se olviden y sirvan para abrir nuevas vías de innovación política, de rediseño constitucional y de nuevos consensos.