Llegados a este punto puede afirmarse que España sería un Estado fallido si el referéndum llega a celebrarse. Así que de aquí al 1-O viviremos en una burbuja de pura excitación. Mientras el Estado continuará mostrando su semblante más temido, los rostros de la otra orilla irán mudando de serios y afilados a blanquecinos y ojerosos, y no es para menos. Una vez que la maquinaria de la ley se pone en marcha, es imposible negociar. Los jueces y tribunales no entienden de componendas ni de pactos políticos, interpretan y aplican la ley, que para eso están. Las recientes deserciones para proteger sus patrimonios en el ejecutivo de Puigdemont son la prueba palpable de que esto es así y de que todos lo sabemos, aunque para nuestros adentros queramos pensar que no pasará nada. El Estado es un poder con tal fuerza y potencia que ni tan siquiera será necesario llegar al artículo de la Constitución cuyo número muy pocos se atreven a pronunciar con firmeza, el temido art. 155 CE, el vulgarmente conocido como suspensión de la autonomía. El poder judicial tiene medios bastantes para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y declarar un estado excepcional puede observarse como una sobreactuación innecesaria.
Un cierto síndrome de Barcelona, variante patria del de Estocolmo, afirma que en este envite quien se reviste de autoridad es el que pierde. Sin embargo, aunque estos síntomas están extendidos entre la población, no llegan a alcanzar a quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Desde que comenzase el llamado procés, el comportamiento del Gobierno siempre ha sido el mismo. No ha titubeado en ningún momento y, lo que es más importante, no se ven signos de que su actitud vaya a cambiar de aquí al primero de octubre. De modo que referéndum no va a haber, pero lo que sí habrá serán procesos penales. Se dice que acaso con todo esto aumente el numero de independentistas o, dicen otros secamente, eso no pasará. La frontera social en Cataluña está tan definida que la convivencia se ha hecho difícil. En cualquier caso, para cuando la efervescencia de lo que nos queda por vivir disminuya, los jueces y tribunales de lo penal seguirán trabajando a su pausado ritmo y la vida seguirá como antes, hasta que todo vuelva a empezar, como un divino castigo.
El viernes pasado presentó Pedro Sánchez, de la mano de Iceta, la Declaración de Barcelona: un conjunto de medidas para evitar que las cosas terminen de este modo tan poco brillante, una tercera vía. Sin embargo, si leen la Declaración, verán que en ella se fija un precio para Cataluña y eso, bien lo sabemos, son palabras mayores. ¡Con lo bonitas que son la fraternidad entre las naciones y el derecho natural! Pero así somos, puro interés.