En tiempos de Franco asociaciones ilícitas eran todas menos una: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS; en las sociedades democráticas las ideas son libres y a las que están fuera de la ley son, comúnmente, conspiraciones para el lucro personal o colectivo. El juez que ha de juzgar a Griñán, Chaves y otros altos cargos más de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, cogiéndosela con papel de fumar, ha vuelto a la vieja terminología y los ha acusado de eso, de asociación ilícita, quedándose en un territorio amorfo –porque ya hay que recordarlo por el tiempo transcurrido– todo comenzó con un presunto delito no político (intrusos y dinero cobrado por algunos listos), sino de delincuentes comunes.
La juez Alaya, confundiendo los Consejos de Gobierno de la Junta con el Comité Central de un partido clandestino (y olvidando que en varias legislaturas éstos habían sido PSOE-PA) hasta se llevó al juzgado sus acuerdos, que nadie sabe donde estarán, aunque –mediáticamente– sí, en el mismo olvido que los intrusos y el dinero sustraído porque el objetivo, evidentemente era otro: dejar claro que los socialistas gobernaban Andalucía fraudulentamente. De aquellos barros viene el lodo de la «asociación ilegal» que, no existiendo en el caso de los presidentes y consejeros del gobierno andaluz la acusación de lucro (o sea lo de las tarjetas black, las cuentas B del PP, y las suizas de Bárcenas), empieza a sonar igual que el impeachment de la presidenta de Brasil o los correos de Hillary Clinton. Suena a conspiración pero contra ellos.