Mientras no cesan los episodios de corrupción y chanchullos varios, la ciudadanía asiste atónita a un bochornoso espectáculo que, se reconozca o no, mina profundamente los cimientos de cualquier sistema democrático y debilita la convivencia hasta hacerla por momentos irrespirable. Por otro lado, y al mismo tiempo, quienes más han sufrido los efectos de la crisis, observan cómo la anunciada recuperación económica no llega a ellos y se sienten olvidados y abandonados por los poderes públicos. Un cóctel explosivo del que más de uno debería tomar buena nota.
Y es que, en este escenario, sólo caben la resignación –asumiendo que nada puede hacerse– o una movilización social y ciudadana capaz de modificar el actual estado de cosas y obligar a cambiar el quehacer y las prioridades de quienes gobiernan; fundamentalmente en el Gobierno central, pero también en comunidades autónomas y ayuntamientos. Así, tras una prolongada etapa de reflujo, se observa cómo poco a poco diversos sectores sociales comienzan a desperezarse y a plantar cara ante los acontecimientos y acciones gubernamentales más lacerantes, es decir contra aquellas medidas que más se ceban con la mayoría social.
A la imponente movilización del 8 de marzo –potente movimiento de transformación que pone en jaque al actual modelo social, cultural, económico y político–, se le suma la contundente y sostenida respuesta social que viene teniendo lugar durante las últimas semanas para oponerse a la subida-burla de las pensiones para este año, y, lo que es más relevante, para exigir el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones, uno de los pilares fundamentales de cualquier estado social y de derecho que se precie, junto a la sanidad, la educación y la dependencia.
El Gobierno del Partido Popular, que en su desmedido afán por servir a los intereses del capital financiero más especulativo no ha cejado durante la crisis de tratar de erosionar los citados pilares, sentó en 2013 las bases para en diferido asestar un golpe definitivo al Sistema Público de Pensiones; al tiempo que indecentemente se dedicó a vaciar el Fondo de Reserva, popularmente conocido como la «hucha de las pensiones». Al respecto, no podemos dejar de señalar cómo, a pesar de que algunos se esforzaron en denunciar las consecuencias que tendría la reforma aprobada unilateralmente por el PP –principalmente las organizaciones sindicales– no ha sido hasta ahora que ha comenzado a sentirse en la practica una parte de sus efectos –cinco años después– cuando la reacción de la ciudadanía ha aflorado con una fuerza digna de tener en cuenta.
Vale en todo caso la pena recordar a algunos desmemoriados que las agresiones más directas contra las pensiones se han producido cuando los gobiernos han decidido actuar al margen del Pacto de Toledo; así procedió Zapatero congelando las pensiones en su última etapa de gobierno, y especialmente Rajoy, introduciendo profundas reformas en el sistema con la intención de hacerlo definitivamente trizas. Es por tanto el marco del Pacto de Toledo el que hay que recuperar a toda costa, en primera instancia para revertir las medidas que se han tomado unilateralmente y a continuación para adoptar aquellas otras que garanticen la viabilidad del sistema y unas pensiones dignas para el futuro.
Los hechos dicen bien a las claras que quienes en estos momentos dependen de una pensión no están dispuestos a esperar impasiblemente sentados en sus casas a que se les arrebate su derecho a vivir con dignidad después de toda una vida de esfuerzo y trabajo, y, en un ejemplo a seguir por quienes aún no son pensionistas, pero lo serán, señalan estar empeñados en sostener una movilización que garantice las pensiones públicas ahora y para el futuro. Una demanda no solo justa, sino perfectamente viable, a pesar de los reiterados esfuerzos por convencernos de lo contrario por quienes quieren sacar tajada con su privatización.
Sin duda hay que reconocer cómo en esta etapa están contribuyendo decisivamente a ello el conjunto de plataformas constituidas a lo largo y ancho del país, que con un meritorio e intenso trabajo han conseguido sumar a millones de personas a la movilización. No es en todo caso ocioso poner de manifiesto que observamos múltiples interesados en azuzar el enfrentamiento entre estas plataformas y las organizaciones sindicales –en una falsa y perniciosa competición– cuando es evidente que los objetivos son ampliamente coincidentes y compartidos. Corresponde entonces mucha inteligencia y generosidad para evitar las exclusiones cruzadas y saber desde el respeto a la pluralidad compartir amablemente espacios conjuntos.
Otro error a evitar es tratar de aislar el objetivo de garantizar pensiones públicas dignas de otros aspectos fundamentales que, sin duda, también las condicionan; tales como la imperiosa necesidad de conseguir la derogación de la reforma laboral, que ha precarizado y empobrecido a la ciudadanía, o la disputa por un nuevo modelo productivo, que más allá de las proclamas, contribuya a la sostenibilidad de las políticas públicas. Asuntos sobre los que cabe esperar que las organizaciones sindicales propicien importantes movilizaciones en los próximos meses.
Igualmente conviene reflexionar en términos políticos –sí, claro que esto es política– sobre las posiciones que las distintas fuerzas parlamentarias tienen en relación con las pensiones del presente y del futuro. Llegar a la conclusión de que todas defienden lo mismo en esta materia sería un monumental error que arruinaría el esfuerzo de todo cuanto ahora se está realizando; es por ello fundamental estar muy atentos, analizar y no precipitarse, para atinar bien cuando llegue la hora electoral. En eso consiste también la democracia ¿o no?