Por Antonio Pradas.
El perverso precedente fue ideado por Javier Arenas, que modificó la anterior regulación con el objetivo, por una parte, de obstaculizar el acceso de jóvenes al sistema y, por otra, provocar la exclusión definitiva del mismo de quienes lo abandonaran temporalmente. A ello hay que sumar ahora la actitud de los últimos gobiernos del Señor Rajoy y la Señora Báñez, que están provocando, con una negativa sin precedentes a adoptar medidas excepcionales ante la sequía endémica, una expulsión del sistema de miles de eventuales agrarios, muy especialmente mujeres.
Según me ha reconocido el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social en reciente respuesta a las preguntas que yo mismo formulara por escrito en marzo de este mismo año, desde 2011 a 2016, el subsidio agrario ha perdido 29.847 beneficiarios en Andalucía y Extremadura, pasando de 147.197 a 117.350. De ellos, un 57,3% (17.095) de las bajas del sistema de protección son mujeres, mientras que los hombres representan un 42,7% (12.753), lo que pone en evidencia la realidad de la denuncia que venimos reiterando desde las filas socialistas en los últimos años. Si tuviésemos en cuenta las nuevas incorporaciones a través de la Renta Agraria, el saldo seguiría siendo negativo en 3.554 beneficiarios.
Curiosamente este desequilibrio se produce en todas las provincias andaluzas en detrimento de las mujeres, mientras que en las dos provincias extremeñas, la salida del sistema ha sido superior en los hombres. Sin duda, la fuerte mecanización experimentada en relación a la recogida de la aceituna, producida mayoritariamente en Andalucía, está provocando estas brutales consecuencias en perjuicio de las jornaleras. También influye injustamente la caída en la producción como consecuencia de la sequía: al caer la demanda de empleo, el empresario suele discriminar a la mujer en favor del hombre.
Según reconoce el propio Gobierno, en Almería son más del doble las mujeres que, en relación a los hombres, salen del sistema del subsidio agrario: 682 mujeres menos, frente a los 338 hombres. En Cádiz la situación está más equilibrada: 1.086 mujeres menos, por 1.035 hombres. En Córdoba han salido del sistema 2.656 mujeres y 1.530 hombres. En Granada, 2.283 mujeres menos, por 832 hombres. En Huelva, 1.145 mujeres y 832 hombres. En Jaén han dejado el sistema 1.894 mujeres y 1.419 hombres. En Málaga, 1.583 mujeres y 996 hombres. Y en el caso de Sevilla, 3.994 mujeres han dejado de percibir el subsidio agrario, por 2.640 hombres.
La pasividad del Gobierno ante esta realidad pone en evidencia su crueldad y su indiferencia en relación al mundo rural. El PP quiere liquidar por asfixia el sistema de protección de los trabajadores del campo. Un sistema que, reconocido por la propia Unión Europea, ha sido crucial para evitar el despoblamiento del medio rural en el sur de España, asentando en el territorio a una población fundamental para el mantenimiento del sector y el desarrollo de sus Industrias transformadoras. Que ha contribuido a la dignificar la situación de los trabajadores en épocas en que no hay empleo en el campo y, de paso, ha mejorado las infraestructuras sociales y para el desarrollo de los municipios. Y todo por 147 millones al año. Quien quiera que vea y compare esta cantidad con el coste de crisis de otros sectores a lo largo de estos 40 años de democracia.
Este Gobierno de Báñez y Rajoy ha sido el único en democracia que no ha contemplado medidas excepcionales, a través de programas extraordinarios, para paliar los cinco años largos de sequía que sufre el campo. Tanto Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta el propio Aznar introdujeron lo que entonces se llamaban «PER extraordinarios» para compensar la pérdida de peonadas ocasionadas por las inclemencias meteorológicas. Los distintos gobiernos de Rajoy no sólo han negado sistemáticamente estas aportaciones extraordinarias, sino que durante cinco presupuestos consecutivos han congelado sus aportaciones ordinarias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea), habiendo provocado una pérdida de poder adquisitivo y, por ende, una caída de 50.000 jornales. Ello, mientras la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Diputaciones incrementaban en un 12,5% sus aportaciones.
Sumemos a esto, las dificultades a los ayuntamientos con problemas financieros para que puedan poner en marcha los programas, o las nuevas directrices del Servicio Nacional de Empleo, en relación a la organización de las obras del Profea, que obliga a elegir obras básicas y sin complejidad técnica, al limitar el número de oficiales; objetivo, desacreditar el sistema para que los tajos se limiten a cunetas y acerados. Sumemos también los retrasos en las asignaciones regionales y provinciales de los fondos... Y el resultado será un nuevo año negro para los trabajadores y trabajadoras del campo.
El pasado 5 de Octubre, la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, aprobó, gracias a la nueva composición del Congreso, una Proposición no de Ley instando al Gobierno, entre otras cuestiones, a eliminar el número de peonadas para acceder al subsidio y la renta agraria, así como el incremento de los fondos destinados a las obras del Profea, en tanto se den las condiciones meteorológicas que sufrimos desde hace años.
Una iniciativa que a pesar de salir adelante con el único voto en contra del PP, no se ha llevado a efecto. Ahora volveremos a reivindicar lo que es justo para los trabajadores y trabajadoras eventuales del medio rural. Mientras nos escuchan o no, el goteo de personas, mayoritariamente mujeres, que son expulsadas del subsidio, continúa ante la pasividad de un gobierno insensible e indolente.