El empresario hotelero Antonio Catalán reconoció hace unos días en Málaga que los hoteles no deben ganar más a costa de explotar a su personal, sacó pecho por lo que hace su cadena: todos sus trabajadores son fijos y no subcontrata a las camareras de piso, invitó a sus colegas del sector a portarse bien y arremetió contra la reforma laboral del PP.
Catalán ha metido el dedo en varias llagas y no se ha mordido la lengua al analizar la bonanza del turismo y su impacto social. Los precios bajos en el transporte aéreo, las opciones colaborativas de alquiler de habitaciones y apartamentos y los viajes compartidos han hecho crecer el turismo a todos los niveles.
Pero ese crecimiento no se ha traducido en una mayor transparencia y trazabilidad de las empresas turísticas (hoteles y restaurantes). El sector público está obligado por ley a ser transparente, pero las empresas privadas no tienen casi ninguna obligación de transparencia y trazabilidad.
La Administración debería ser mucho más exigente con las empresas hoteleras, estas deberían informar en sus webs del número de trabajadores, el convenio colectivo por el que se rigen (salarios que pagan a su personal), subcontratas y lo que hacen para reducir su impacto ambiental.
En el caso de bares y restaurantes, la asignatura pendiente en la información al consumidor es la trazabilidad de las materias primas empleadas: de donde proceden, las marcas de los productos empleados para cocinar. Respecto a su política medioambiental, qué hacen con sus residuos, quien les recoge los aceites usados, si seleccionan sus residuos...
La tan traída y llevada Responsabilidad Social Empresarial tiene todavía muchos ámbitos en los que estrenarse en la industria turística y los usuarios muchas ocasiones por delante para exijirla y reivindicarla. Todas las empresas, no sólo las turísticas, tienen mucho que contar a sus clientes, pero se lo callan porque no tienen obligación legal alguna.