Cuando hay guerra de manifiestos es mejor echarse a un lado por simple precaución. Las balas pueden aparecer desde cualquier parte y pillarte desprevenido. Si además esas proclamas antagónicas se exhiben por parte de quienes deberían, se supone, estar de acuerdo en lo fundamental, no está de más buscar una puerta tras la que parapetarse. Los expertos en derecho constitucional andan en la refriega: a cada manifiesto que hacen unos, le sigue un contramanifiesto de otros. Esta misma semana una larga lista de académicos hacía público un escrito pidiendo una reforma de la Constitución para que se consagre la diferencia territorial. Bastaron dos días para apareciese otra proclama de muchos profesores en la que se reivindica lo contrario, la igualdad como principio constitutivo de la idea federal. Tesis y antítesis por doquier, sin que se vislumbre a nadie con autoridad para hacer la síntesis necesaria, aunque hemos de reconocer que, dadas las circunstancias, tal empresa se antoja titánica.
La academia universitaria es permeable a la realidad política y no está mal que así sea. Los intelectuales sin compromiso político juegan siempre y sin excepción en beneficio propio, además de que nunca son neutrales, pues están dotados de una extraordinaria habilidad para plegarse sin reservas al poder de turno. De modo que demos la bienvenida a esta incruenta batalla de declaraciones, pero siempre que la observemos tal cual es, una confrontación política en la que se usan de fondo argumentos jurídicos. El derecho, y con más intensidad si cabe el derecho constitucional, no es más que la forma con que se terminan revistiendo las decisiones políticas. Los juristas no tienen en cuanto tales las respuestas correctas a los problemas de nuestro país. Quienes conocen algo del mundo del derecho saben que la función de estos es dar forma, sentido y coherencia jurídicas a la voluntad que alcancen los verdaderos titulares del poder, los ciudadanos.
Reformar la Constitución es una operación política de primer orden, pues exige de un acuerdo social mucho más amplio que el que se requiere para aprobar una simple ley. Luego, en segundo grado, podrá ser tan jurídica como queramos, pero si previamente no ha habido política la reforma constitucional es un imposible. En el 78 la palabra de moda fue consenso. Un término políticamente preciso, profundo y que le va de perlas a esa idea de Constitución como paraguas normativo bajo el cual el entero pluralismo social puede llegar a convivir democráticamente. El pueblo español tenía una aspiración colectiva, un objetivo preciso: pasar de la dictadura a la democracia sin perder de vista a Europa. La Constitución se escribió sin dificultades.
Hoy las cosas son mucho más difíciles y sin duda esa falta de coincidencia en un fin común es la causa primera. Falta política, el derecho huelga. Aquí les dejo mi manifiesto, es época.