El atentado de Barcelona ha puesto de manifiesto la difícil coordinación entre las distintas administraciones públicas en un tema tan importante como la seguridad. Lo grave es que la norma es la descoordinación administrativa en casi todos los ámbitos: administraciones locales en su relación con las autonomías y éstas con el Estado.
Las consecuencias las sufren los ciudadanos en todos los terrenos. Las tarjetas sanitarias autonómicas, por ejemplo, no están coordinadas entre sí y no sirven de una comunidad a otra. Tan solo cinco autonomías han abierto informáticamente la gestión de sus tarjetas para su compatibilidad estatal.
Por increíble que parezca el Ministerio de Hacienda le ha solicitado a la Generalitat el listado de los interventores de sus órganos de gestión (123 funcionarios) porque ese dato no está abierto ni siquiera para la Administración Central.
En otros casos, asistimos a una notable ambigüedad en la información que suministra la Administración Central como en el caso del Despliegue 4G móvil en la banda de 800MHZ (problemas en la recepción de la TDT en los edificios próximos a las estaciones de telefonía móvil que se pueden consultar en www.llega800.es) al no dar fechas concretas de inicio y finalización del proceso y ser un tema que implica a los Ayuntamientos.
La Administración Única es a estas alturas una utopía inalcanzable porque la burocracia no permite la transparencia interna entre las distintas administraciones y la norma sigue siendo la opacidad. Con estos mimbres hablar de ciudades inteligentes, transición digital y otros mantras de moda es un sarcasmo absoluto.
La ley de Transparencia y Buen Gobierno fija unos mínimos de información pública abierta a la ciudadanía, pero queda todavía un largo camino para que las distintas administraciones dejen de ser opacas unas con otras y permitan la interoperabilidad de sus sistemas de gestión. Los partidos políticos no se han atrevido todavía con una reforma administrativa a fondo y seguimos como en el siglo pasado. ~