El maestro Carrillo Salcedo, profesor de Derecho Internacional Público y juez del TEDH, nos repetía una y otra vez que los jueces del Tribunal de Estrasburgo son elegidos «a título del Estado», no como «jueces del Estado». La distinción es de suma importancia, pues va en ella la independencia del Tribunal Europeo que tiene por misión velar por los derechos y libertades fundamentales en un continente que ha desconocido y menospreciado en demasiadas ocasiones terribles el valor y la importancia de los derechos. En la Corte Europea hay así un juez elegido a título de cada Estado parte (47). Los jueces y juezas que conforman “la Cour”, personas de reconocido prestigio jurídico, son elegidos por un periodo de nueve años, no pueden ser renovados en sus cargos y quedan sometidos exclusivamente al imperio del Convenio de Roma (1950), tratado internacional en el que se reconocen y garantizan los derechos en los que se concreta nuestra dignidad como personas. La razón de que haya un magistrado a título de cada Estado tiene que ver con la necesidad de que por lo menos uno de los jueces que integran la sala de 7 jueces que resuelve los casos conozca muy bien el sistema jurídico del Estado encausado.
Pues bien, sabiendo que esto es así, no deja de sorprenderme el amarillismo vergonzante del que hacen gala señalados medios de comunicación. Porque eso tan moderno de la posverdad tiene, permítanme la licencia, un color tan antiguo y desgastado como el dorado de las imprentas, lo que pasa es que nos gusta rebautizar las cosas, vayan ustedes a saber porqué. Sigo. Un conocido periódico se hacía eco de una noticia conocida esta semana es estos términos: España obligada por el TEDH a indemnizar a los asesinos de la T4, y añadía: «el juez español que fue propuesto en su día por el Gobierno de Zapatero ha tenido tiempo de votar, antes de abandonar su cargo, a favor de que España tenga que indemnizar a dos etarras». Esta presunta información está extraída de la portada del periódico de la grapa, a todo color.
¿Cómo es posible que tras una sentencia del TEDH como esta, que deja muy en entredicho al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo, el único reflejo de una parte de la sociedad española sea el de poner en la diana al juez español que forma parte del TEDH? ¿Con quién nos jugamos día tras día la vida? A veces no me reconozco en mis conciudadanos.
La prohibición de que nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o degradantes es un absoluto. Justificar su existencia, tolerarla cobardemente o sencillamente ignorar que se han podido producir, socava los cimientos democráticos de nuestra convivencia. Debería ser obligatorio que esta sentencia del TEDH se leyese en colegios y universidades, aunque solo fuese como forma de expiación colectiva.