Es sorprendente e indignante que un catedrático de la Universidad de Sevilla haya abusado sexualmente de las mujeres que trabajaban con él y les haya causado lesiones psicológicas de forma continua. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla es muy clara al señalar a Santiago Romero como culpable y fija la pena de prisión en siete años de cárcel y una indemnización de 110.000 euros a las tres víctimas. No existe justificación alguna para que hechos como estos se produzcan en ningún ámbito de la sociedad, es del todo repudiable y el abuso sexual debe ser erradicado de nuestra sociedad de una vez por todas. No caben matices cuando hablamos de hechos como este.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, son preocupantes algunos datos que acompañan todo este asunto y que no se deben pasar por alto dada su importancia.
Los abusos se comenzaron a producir el año 2006. Hasta 2010, las víctimas continuaron siendo agredidas por Santiago Romero. Por fin, los hechos se denunciaron el año 2011. Y, ahora, diez años después de comenzar todo, se dicta sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Sevilla. La pregunta es obligada: ¿cómo es posible que se produzcan unas demoras tan alarmantes en un caso como este? Todo se agrava cuando se comprueba que las víctimas fueron las que tuvieron que abandonar la universidad mientras el agresor continuaba en la institución que, por otra parte, parece ser que estaba al corriente de lo que sucedía.
La lentitud de la justicia es, desde hace mucho tiempo, casi insoportable en algunos casos. Además, no es la primera vez que las personas perjudicadas en un caso o los que denuncian un hecho delictivo son las grandes perjudicadas. Por ejemplo, en el caso Acuamed, Gracia Ballesteros; la técnico que denunció que Arcadio Mateo y su compañera Gabriela Mañueco, intentaron que manipulase liquidaciones convirtiéndolas en favorables para los intereses de las empresas ajenas a la entidad; fue la que se quedó sin empleo y aunque ganó el pasado 3 de mayo la denuncia que había interpuesto por despido nulo, tendrá que seguir esperando hasta el próximo mes de noviembre para resolver el asunto de forma definitiva.
Es imposible entender cómo el Gobierno de España y los de las distintas Comunidades Autónomas, son incapaces de dotar con los presupuestos y el personal necesario las estructuras judiciales ni cómo no se revisan algunos aspectos legales que perjudican gravemente a los que quieren que, por ejemplo, no crezca la corrupción a su alrededor o denuncian un delito ante las autoridades.
Es escandaloso que un catedrático de una universidad española utilice su cargo para abusar de tres mujeres. Pero también lo es que la justicia española funcione con una lentitud tan exagerada como para que, mientras se resuelve un caso, se puedan producir situaciones que destrozan las carreras profesionales de algunas personas buenas y les provocan problemas casi irresolubles en sus vidas.