Desde siempre han existido detractores vehementes y defensores convencidos al plantear la necesidad de las ayudas por parte del Estado a los medios de comunicación. Nunca nadie puso en duda las que reciben las fábricas de automóviles para que el parque automovilístico se renueve y, así, la industria siga adelante. Nadie parece que tuviera nada que decir cuando las ayudas a los bancos fueron millonarias. Es, por lo menos, curioso que esto ocurra.
Los detractores, dentro de cualquiera de los ámbitos de la Sociedad de la Información, afirman que la información puede verse contaminada, mermada, sesgada o manipulada, si las ayudas que se reciben desde el Gobierno de turno son tan fundamentales como para que un medio modifique su filosofía buscando el beneficio de un grupo político determinado. Sin embargo, los que defienden ese tipo de ayudas creen que es la única vía posible de supervivencia de una información tan veraz como necesaria. Independientemente de que las empresas de comunicación deban adaptarse a los nuevos tiempos buscando plataformas y modelos nuevos de comunicación, el Estado debe impedir que los medios de comunicación mueran por inanición. Sin información no hay libertad y, por tanto, cada euro invertido por el Estado es un anclaje más al futuro en democracia de España. No se trata de pagar información arrimada a los intereses de un partido u otro; se trata de invertir en libertad, en líneas de pensamiento diversas y enriquecedoras para los ciudadanos.
Subvenciones, como las que se han señalado a la industria automovilística o a la banca, podrían llegar a los medios de comunicación. Si existiera una ley apropiada que impidiera a los gobiernos interferir en los medios de comunicación, la ayuda estatal tendría la misma consideración que cualquier otra. Si alguien se pregunta la razón por la que esa ley no existe la respuesta la encontrará en la confrontación entre los partidarios y detractores de las ayudas que no son capaces de llegar a un punto en el que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los económicos o ideológicos de una formación política u otra.
Lo cierto es que no hay democracia en plenitud si no hay información de calidad. El Estado de Derecho se sostiene sobre varios pilares fundamentales y uno de ellos es el derecho a la información. Y si no hay posibilidad de que las empresas dedicadas a la comunicación salgan adelante, la vigencia del Estado se encontrará en peligro. Tan malo es querer controlar la información como dejar que, por falta de recursos, se convierta en algo residual. Porque el derecho a la información se traduce, finalmente, en libertad al pensar o, si se prefiere, en libertad a secas. Una sociedad desinformada o que carezca de una mínima información está condenada al fracaso.
Es posible que sea obligado, tras padecer una crisis económica y de valores de dimensiones colosales, ponerse manos a la obra para analizar el problema adecuadamente y buscar una solución, apostando por mantener vivo el mensaje del Cardenal Marcelo Spínola: «Ni un solo trabajo, ni una sola línea, ni una letra deje de encaminarse a la defensa de la verdad y de la justicia».