La supervivencia del sistema actual de pensiones está en peligro. Esta es una amenaza que lleva muchos años acechando y que, irremediablemente, debe afrontarse, por parte de las Administraciones Públicas, con decisión y, sobre todo, con la transparencia suficiente como para que los ciudadanos sepan a qué pueden atenerse ante la situación.
El Banco de España indica el camino de la contratación de planes de pensiones por parte de las personas que tendrán que afrontar sus jubilaciones con clara desventaja respecto a la situación actual. Sin embargo, no parece que esta sea una solución viable por varias razones. En primer lugar, un altísimo porcentaje de los planes de pensiones contratados actualmente se resuelven con una aportación media de 300 euros anuales. Una cifra baja en exceso como para garantizar una vida digna a cualquier jubilado. Esta cantidad tan pequeña es el resultado de sueldos muy bajos que impiden el ahorro. Por otra parte, los planes de jubilación contratados años atrás han sido rescatados por aquellos que los habían contratado. El paro ha causado estragos y la larga duración de esas situaciones ha permitido y, a la vez, obligado, a que se utilizaran esos fondos para poder sobrevivir sin trabajo y sin subsidio de desempleo en los casos más extremos. Por tanto, sin entrar en más detalles, el Banco de España hace una propuesta inviable a día de hoy.
Por su parte, el Gobierno propone, entre otras cosas, retrasar la edad de jubilación. Es verdad que hay profesiones en las que esta medida podría no ser una mala solución, pero no es una opción que pueda aplicarse en cualquier caso. Además de lo impopular de algo como perder derechos, ya que los trabajadores han estado cotizando durante años para creer que su jubilación sería tranquila; por ejemplo, un obrero de la construcción o un taxista, no pueden desarrollar su actividad profesional con normalidad llegada una edad y retrasar la edad de jubilación en algunos casos no parece posible.
Sin embargo, el gran problema que se está produciendo es otro al que nadie quiere enfrentarse. Las empresas, por su parte, facilitan jubilaciones antes de tiempo a trabajadores que podrían estar aportando su esfuerzo y sus cotizaciones. Ha estado ocurriendo durante años y el peso acumulado resulta difícil de llevar. Este es un asunto que parece no querer analizar casi nadie.
El Gobierno, también, propone desligar la revisión de las pensiones del IPC y dejar al margen del sistema general las pensiones contributivas y de viudedad, lo que podría provocar que los presupuestos fueran excusa o los partidos gobernantes pudieran tomar decisiones distintas dependiendo de ideologías o necesidades de índole económico.
Sea como sea, es necesario una revisión profunda del Pacto de Toledo que aclare el futuro para cientos de miles de españoles que serán, al fin y al cabo, los que puedan disfrutar o no de su jubilación.