El tribunal territorial de Schleswig-Holstein propone entregar a Carles Puigdemont por un delito de malversación. Solo por ese delito. Y el juez Pablo Llarena, instructor del caso del procés contra Puigdemont y sus atláteres y los miembros de la mesa del Parlament, debe decidir si acepta esa entrega o no.
El delito de rebelión (sin uso de armas) puede penarse con hasta 25 años de cárcel. El delito de malversación, si es agravado, podría llevar a la cárcel a un sujeto durante 12 años. Lógicamente estas son las penas completas. En realidad, es mucho menos tiempo. Y esta diferencia es una de las razones por las que Pablo Llarena debería decir no a la entrega de Puigdemont por parte de la Justicia alemana. No es fácil explicar ni entender cómo al cabecilla de una banda de políticos golpistas se le juzgaría por un delito de menor importancia y a todos los que le acompañaban por otro mucho más grave. Hay que recordar que el juez Llarena ya ha concluido la causa y hay un procesamiento firme por rebelión.
Pero no se puede dejar de valorar algo tan simple como la arrogancia, la falta de respeto y el ataque a la dignidad de los profesionales de la Justicia en España. Los jueces alemanes han entrado a juzgar ellos mismos un asunto que si hubiera ocurrido en su territorio hubiera sido de una importancia mastodóntica, pero que, sin embargo, en España no deja de ser una acción en la que «en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado tratan de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían» según los propios jueces alemanes. El juez Llarena debería aceptar la entrega por lo que él cree que debe producirse la misma. Y, si no es por esas causas, dejar que Puigdemont vague por Europa durante los próximos 30 años. La dignidad de las instituciones españolas está muy por encima de un golpista que escapó astutamente. Y demostrando una cobardía impropia de alguien que quiere representar a otros. ~