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Vivienda de la calle Greco donde fueron detenidos los tres autores del crimen. / Pepo Herrera
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado un delito de asesinato a las tres personas encarceladas por el crimen de la joven de 26 años hallada muerta el 19 de abril de 2016 con fuertes golpes en la cabeza y 61 heridas de arma blanca en su vivienda de La Rinconada.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda continuar el procedimiento por un delito de asesinato contra las tres personas encarceladas por el crimen de Anabel D.V., como son dos hermanas del marido de la víctima --fallecido de un ictus en 2015--, identificadas como Elena N.S. y Rosa N.S., y el novio de ésta última, Francisco Javier M.R., que serán enjuiciados por un jurado popular.
El juez ha dictado esta resolución después de que, el pasado día 10 de febrero, se celebrara la comparecencia que prevé la ley del jurado a fin de darles traslado formalmente de la imputación que pesa contra ellos, en la cual la Fiscalía hispalense atribuyó a los imputados un presunto delito de asesinato.
El juez rechaza el archivo de la causa solicitado por los tres sospechosos y relata que, según se infiere de las diligencias practicadas, los hechos tuvieron lugar en la mañana del 19 de abril de 2016, cuando los tres detenidos se personaron en el domicilio de la víctima, «con quien vendrían manteniendo desavenencias familiares desde largo tiempo».
De este modo, los investigados la agredieron «violentamente», asestándole varias puñaladas en el cuerpo y golpeándola «con violencia» en la cabeza hasta causarle la muerte, punto en el que asegura que «existen serios indicios» de la participación de los detenidos en el crimen de la joven, que fue hallada muerta en su vivienda «ensangrentada» y con diversas heridas en cabeza, cuello y tórax, «estas últimas ocasionadas en su mayoría en virtud de agresión por la espalda con arma blanca».
El juez afirma que diversos testigos han relatado cómo aquélla mañana se personaron los tres investigados en el domicilio de la víctima, «pudiéndose escuchar gritos» desde el interior del domicilio como «socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan», tras lo que «inmediatamente se dejaron de oír más gritos, saliendo a continuación de la casa de la víctima» los tres investigados tras cerrarla con llave «y comprobar que no les hubiera visto nadie en el lugar».
HASTA 61 PUÑALADAS
Los tres sospechosos huyeron seguidamente del domicilio en un vehículo, dice el juez, que agrega que los testigos «ofrecen una identificación clara y contundente, evidenciada por el hecho de conocer a los tres investigados antes de suceder los hechos por ser vecinos de la localidad de La Rinconada y frecuentar el domicilio» de la fallecida.
El juez dice que, del estudio forense realizado, se deduce que la víctima sufrió en primer lugar golpes en la cabeza y en los miembros superiores hasta que cayó al suelo, donde habría sido golpeada «reiteradamente» en el cráneo con un objeto contundente y apuñalada «de forma repetida» en la espalda y en el cuello, «de donde cabe deducir el acometimiento por varios atacantes, la imposibilidad de defensa de la víctima y el sufrimiento que habría de padecer ésta a consecuencia de las múltiples heridas generadas (habiéndose contabilizado hasta 61 heridas por arma blanca)».
En el auto, el juez rechaza la prueba solicitada por las defensas de las dos hermanas investigadas, consistente en una rueda de reconocimiento, porque considera que «no resulta idónea ni necesaria», ya que uno de los testigos protegidos «manifestó conocer personalmente y haber visto salir del domicilio a las dos cuñadas» de la fallecida, «identificándolas perfectamente y distinguiendo, incluso con detalle, quién portaba un bolso y quién cerraba la puerta de la casa», de modo que «no se alberga duda alguna sobre la identificación de las dos investigadas».
Todo ello teniendo en cuenta además que «la identificación plena de aquellas por el testigo protegido debe llevarse a efecto en el acto del juicio oral», manifiesta el juez, que asevera que la práctica de la diligencia solicitada, además de ser «innecesaria e inidónea», podría «poner en riesgo la posible identificación del testigo protegido por parte de familiares y allegados de los investigados en las inmediaciones de la sede jurisdiccional».
En el auto, el juez sí acuerda las diligencias solicitadas por la Fiscalía, como son que se libre oficio a la Guardia Civil para que aporte los resultados de las periciales pendientes de practicar y que se recabe copia «de todas las denuncias, atestados o partes de intervención» en los que conste como denunciante la víctima y como denunciados los tres investigados.
Además, el juez ha solicitado que se realice un informe médico-forense sobre la imputabilidad de los tres detenidos, donde se determine si padecen alguna enfermedad o trastorno mental o de la personalidad.