El Ministerio de Fomento exigirá a Abertis e Itínere, concesionarias de las tres autopistas que acaban su plazo de concesión este año y el que viene --entre ellas, la AP-4 Sevilla-Cádiz--, que las entreguen al Estado en “adecuado estado de conservación”, y que previamente realicen las eventuales inversiones y actuaciones necesarias para garantizarlo.
Así lo indicó el titular del Departamento, José Luis Abalos, tras ratificar en su primera comparecencia parlamentaria que las tres vías de pago que vencen esta legislatura revertirán al Estado y quedarán así libres de peaje para los usuarios.
Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, que actualmente tiene Itínere en concesión, el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, ambas concesiones de Abertis.
Abalos indicó que Fomento realizará a todas ellas una ‘due dilligence’, un estudio pormenorizado del estado de la infraestructura, “para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación de la vía previo a su entrega sea el adecuado”.
Posteriormente, una vez la vía esté en manos del Estado, será el Estado y, por tanto, con cargo a las arcas públicas, el que se encargue de su mantenimiento, al igual que en el resto de la red.
En este sentido, el ministro indicó que en el caso de la AP-1, la primera que vence, el próximo 30 de noviembre, están organizando “contra reloj” el concurso público para su posterior mantenimiento.
Abalos mostró también su disposición a trabajar con las administraciones de los territorios por las que pasan las tres autopistas para “abordar con ellos la nueva conformación de la red viarias”.
Según el ministro, la asunción de estas autopistas a su vencimiento, hecho aún inédito en el mercado concesional español, “requiere revisar las nuevas necesidades que puedan requerir por el aumento del tráfico y su conexión con otras carreteras”.
“CONSAGRAR” LA SUPRESIÓN DE PEAJES
El titular de Fomento expresó su deseo de que su decisión de levantar peajes a autopistas vencidas se “consagre” de cara al futuro, para que se así se actúe de igual forma con las próximas vías de pago que concluyan su concesión.
Abalos reiteró que se trata de una “cuestión de equidad y justicia con los territorios” por los que pasan, al considerar que “ya han pagado sobradamente estas infraestructuras que, en otros casos, han sido sufragadas con cargo al Presupuesto”.
En este sentido, reiteró que el hecho de que se levante el peaje “no quiere decir que las autopistas sean gratis”, por lo que insistió en abrir una reflexión sobre la viabilidad y sostenibilidad futura de la red viaria, sobre todo en lo referente a su mantenimiento.