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Los ocho presidentes de las diputaciones provinciales andaluzas momentos antes de la reunión. / Diputación de Sevilla.
Los máximos responsables de las diputaciones andaluzas han retomado su grupo de trabajo con un hito acuciante en sus agendas, como es la falta de información desde el Ministerio de Administraciones Públicas en cuanto a la participación en los ingresos del Estado y el techo de gasto que regirá para las entidades locales el año próximo. «Sin esa información –ha apostillado el grupo de presidentes en Baeza–, es imposible confeccionar unos presupuestos municipales o provinciales, con el consiguiente perjuicio para la gestión diaria de los Ayuntamientos». En esa línea, el presidente de la Diputación de Sevilla ha remarcado que «la prórroga de los PGE se da por hecha y, eso, provocará una reacción en cadena que podría colapsar a la administración local».
«A eso se une la ausencia de instrucciones precisas desde el Ministerio de Administraciones Públicas para elaborar los presupuestos municipales, ya que hasta el momento no se ha recibido en Ayuntamientos y diputaciones la notificación que prevé cuál será la PIE ni cuál será la tasa de referencia para el límite de gasto no financiero, por lo que no sabemos cuál será el techo de gasto para la elaboración de nuestras cuentas».
También ha dejado sobre la mesa la incertidumbre acerca de «qué va a ocurrir en 2017 con el superávit de las administraciones públicas que desde 2013 vienen destinando a inversiones, ya que si Ley General de PGE se prorroga, lo que no podrán acometerse desde un gobierno en funciones son disposiciones adicionales, como es el caso de la normativa que rige las inversiones del superávit».
Frente a esos escollos, el presidente de la Diputación ha planteado dos reivindicaciones fundamentales, como son «que se flexibilice el límite del techo de gasto en los casos de superávit para contar con más margen de recursos para inversiones y, a la vez, que se destinen esos fondos a lo que más demandan los alcaldes y alcaldesas, que son planes de empleo».
Acerca de esa posibilidad de flexibilización del techo de gasto y tras conocer que el Ministerio de Hacienda trabaja en esa línea para que las Comunidades Autónomas puedan elaborar sus presupuestos, el presidente de la Diputación ha exigido que «esa misma flexibilización, caso de producirse, se haga extensiva a las Entidades Locales».
Villalobos ha recordado que «esa misma situación de bloqueo presupuestario de cara a 2017 la padecen las entidades locales, es decir, los más de ocho mil ayuntamientos y las Diputaciones, Consejo y Cabildos Insulares, además de mancomunidades y consorcios, para pergeñar sus Cuentas del próximo año de forma fidedigna y ajustándose a dicha ley de Estabilidad».
Es por eso que el presidente de la Diputación de Sevilla ha solicitado al Gobierno en funciones que «tenga muy en cuenta no solo a las Comunidades Autónomas, sino también a las entidades locales, en la posible reforma del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria».
«Si se desliga la tramitación del déficit de la Administración del Estado por un lado y la del de las CCAA por otro, es de recibo que hagan exactamente lo mismo con la tramitación de los presupuestos de la administración local, máxime cuando es ésta la que viene cumpliendo con los objetivos presupuestarios, año tras año, arrojando superávit, desde el ejercicio de 2013».
«En todo este embrollo, los que están detrás y en última instancia son los ciudadanos, que son los que padecerían la falta de un presupuesto municipal o provincial que dote de servicios a sus Consistorios, que son los que les ofrecen los servicios públicos de más cercanía en su día a día», ha recordado Villalobos.
En esa misma línea, el presidente de la entidad intermunicipal sevillana ha recordado que «en la petición de una flexibilización del techo de gasto, que es en última instancia lo que acarrearía la reforma de la ley, llevamos insistiendo desde hace un mes en el ámbito local y, ahora, es necesario que se nos dé un trato al mismo nivel que las CCAA en este asunto».
Fondos europeos
En relación con la necesidad de arreglar caminos rurales, «algo que permanentemente plantean en la FAMP alcaldes y alcaldesas de toda Andalucía», Villalobos ha anunciado que «habrá presupuesto desde la Consejería de Agricultura para este fin» y que «la distribución del presupuesto se hará por provincias, para que sean las diputaciones las que saquen una convocatoria en la que la Junta aportará el 60% de la inversión total, las entidades provinciales un 30% y los Ayuntamientos el 10% restante».
Por último, la reunión de presidentes ha mostrado también su inquietud ante la carta enviada por el Ministerio de AAPP a las entidades locales, en la que se anuncia el cierre de sociedades municipales o provinciales con déficit a 31 de diciembre.
Al respecto, Villalobos ha manifestado que «una vez más, el Ministerio sacrifica y subyuga el servicio público frente al criterio puramente economicista, porque muchas de esas empresas que quieren liquidar se dedican a prestar servicios esenciales de agua, depuración, transporte urbano o tratamiento de residuos».
Frente a esta tesitura, el presidente de la Diputación ha desvelado que «hay muchos alcaldes y alcaldesas muy preocupados con esto, porque no saben cómo pretenden prestar esos servicios».
«No es de recibo que el gobierno siga ensañándose con la única administración que cumple con creces, porque somos las diputaciones y los ayuntamientos los que tenemos superávit de 5.000 millones otra vez este año y, además, ya llevamos así tres años consecutivos», ha concluido.