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Los rectores de las universidades andaluzas, junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero de Economía, Ramírez de Arellano. / El Correo
Cada vez que los rectores de las universidades andaluzas se reúnen con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y con el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, hay dos grandes temas sobre la mesa: el nuevo modelo de financiación –el actual se aprobó en 2007 por un periodo inicial de cuatro años y ha ido acumulando sucesivas prórrogas– y las necesidades de las universidades para cumplir con sus obligaciones de investigación y transferencia del conocimiento con la sociedad. Dos temas íntimamente ligados, claro. De manera que la reunión que han mantenido en San Telmo no ha deparado ninguna sorpresa, más allá del trato cordial y la ausencia de acuerdos concretos sobre los dos grandes temas del sistema universitario andaluz.
Sí ha servido para conocer una cifra, la del montante global de la deuda de la Junta con las universidades: 278 millones. Una cantidad que merece una explicación. La dieron tanto el portavoz de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, como el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. González Mazo aclaró que «la deuda es un proceso dinámico. Lo que hay que ver es la evolución. La deuda ha descendido un poco en los últimos años: llegó a final de 2015 a 228 millones, como consecuencia de las labores, afortunadas, de la Consejería, de ejecución del presupuesto». A esta cantidad hay que añadir «50 millones más de deuda, que espero que se paguen en breve, porque esa cantidad está reconocida».
Arellano concedió que, según «ha dicho bien el rector, la deuda aislada de 2015 y anteriormente son 228 millones de euros, y por supuesto lo ha explicado bien». Llegó luego la puntualización: «El problema es que esa deuda lo que representa son los remanentes no afectados, los ahorros de las universidades. Las actuales normas de estabilidad presupuestaria del Gobierno de España les impiden usar esos ahorros, porque generarían déficit. Es el mismo problema que tienen los ayuntamientos». De manera que un cambio normativo permitiría que cada universidad pudiera emplear ese dinero, y esa fue otra de las peticiones que han lanzado a la Administración autonómica, que recogió el guante: «La Junta representará su interés de que se elimine esa barrera, que de hecho haría que si se recibiera mañana el pago de toda la deuda, no pudieran usarla. Lo que sería catastrófico. Esos recursos son fruto de las políticas de las universidades», reiteró Arellano.
A tenor de las declaraciones del representante de las universidades y del consejero, el interés común, en el que las dos partes reconocen avances, es proporcionar certidumbre –económica, básicamente– al trabajo de las universidades, para que puedan dedicarse a las cuestiones a las que realmente tienen que dedicarse: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.
Un sistema obsoleto creado en 2007 y que acumula prórrogas
Las universidades andaluzas funcionan con un modelo de financiación que se aprobó en el año 2007, cuando la sociedad y el sistema universitario andaluz eran bien diferentes de los actuales. Se creó con una vigencia de cuatro años, y ha ido acumulando prórrogas hasta la actualidad, con el problema añadido que supone para las universidades más pequeñas, como la sevillana Pablo de Olavide. González Mazo ha contado que los plazos que se manejaron hasta hace poco han cambiado: «Si bien es cierto que había cierta premura para que estuviera aprobado a fin de año, esto ya no es así». Arellano, por su parte, valoró más el modelo que los plazos: «Estamos en un proceso de diálogo, que está abierto a todas las sugerencias, y que es sobre todo los mecanismos de reparto de unas cantidades. Hasta que no esté cerrado no podemos saber las cantidades finales –que recibirá cada universidad–, pero eso tendrá respuesta en breve», anunció.
El Paidi 2020 no ha planteado todavía ninguna convocatoria de ayuda
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presentó el Plan Andaluz de I+D+i (Paidi 2020), en marzo del año pasado, con objetivos ambiciosos y concretos, en cifras y en fechas: esperaba movilizar 16.700 millones de euros e incorporar a 7.000 investigadores, según datos de la propia Consejería de Economía y Conocimiento, que añadía –y mantiene en su web– una fecha: «Las primeras convocatorias de ayudas de la nueva estrategia (...) estarán disponibles en junio». Hasta el momento, no hay planteada ninguna.
El portavoz de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha explicado que han solicitado a la presidenta de la Junta «que el Paidi se ponga en marcha ya, que tengamos las primeras convocatorias». «Se nos ha transmitido que se va a poner de inmediato en ejecución para atender a grupos de investigación y que vamos a empezar a trabajar en los programas», amplió González Mazo.
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, concretó que «la semana que viene tenemos una reunión en la que vamos a acordar la manera de transferir a las universidades 10 millones de euros para que los distribuyan en los grupos de investigación y también para que apoyen con esas cantidades los planes propios de investigación que tienen las universidades». Arellano añadió más previsiones: «En materia de personal, vamos a acordar en las próximas semanas la fórmula con la que las universidades van a poder convocar con una dotación presupuestaria de 60 millones de euros contratos de inicio a la actividad investigadora para entre 500 y 1.000 personas».