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Miembros del PCA recorren los barrios de Sevilla para recoger firmas y solicitar la nacionalización de las eléctricas. / M.G. -
Hasta el momento hay 2.000 rúbricas. / M.G.
En el último año la factura de la luz ha subido una media del 30 por ciento, con las consecuencias que eso supone para la economía familiar. El hecho de que la cuantía sea por tramos de horas y que influya la demanda tampoco ayuda. «Cada vez es más complicado poder asumir la factura y más aún en los casos de personas que ya tienen dificultades para llegar a final de mes», explica Ismael Sánchez, secretario político local del PCA, formación que ha iniciado una campaña barrio a barrio para concienciar a los sevillanos de la necesidad de volver a nacionalizar las eléctricas.
«Todo esto empezó con la privatización iniciada por el PSOE y culminada por el PP. Nos vendieron que con la medida iba a haber más competencia y que así bajarían los precios. Justo lo contrario de lo que ha sucedido», dice Sánchez que resalta que «el pasado lunes día 6 el megavatio alcanzaba los 90 euros, la segunda factura de luz más alta de la última década».
El sector eléctrico mantiene actualmente «un oligopolio con el que queremos acabar nacionalizando de nuevo las eléctricas». «Es indecente que se le corte la luz a la gente que de verdad no puede afrontar el recibo mientras estas empresas mejoran hasta un 35 por ciento sus beneficios. Un abuso», denuncia.
Desde el PCA recuerdan que la luz es un derecho básico, «no un artículo de lujo», por lo que Sánchez denuncia que además se imponga un impuesto del 21 por ciento «y no del 7 como sucede con la alimentación». Para poner solución a esta situación, el pasado mes de diciembre arrancó una campaña de concienciación y recogida de firmas para exigir que la electricidad tenga «un carácter social» y la nacionalización de las empresas eléctricas. Hasta el momento, han acudido a barrios como Torreblanca, Macarena, Bellavista, Sur o Macarena «donde escuchamos historias de todo tipo. Desde familias que están desesperadas por la situación que viven hasta quienes admiten que se han visto obligados a hacer un enganche ilegal», una práctica que a la luz de los datos que se presentaron el pasado viernes, solo supone el 1 por ciento de los 197 millones de kilovatios en los que se calcula el fraude eléctrico en la provincia de Sevilla.
«Es que además no se paga por el consumo y nos encontramos casos con recibos de más de 600 euros cuando la energía consumida es de 13», detalla Sánchez. La campaña, que continúa a lo largo del mes, ha recogido hasta el momento más de 2.000 firmas que se sumarán a las del resto de la comunidad y con las que se presentará la petición en el Congreso de los Diputados.
Un protocolo efectivo
La estrategia se completa con la presentación de mociones en los ayuntamientos andaluces en los que IU cuenta con representación, en la que defenderán la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, así como la aplicación del tipo reducido del IVA para el gas y la luz.
«Necesitamos que los protocolos para evitar los cortes funcionen», añade Sánchez. «Hasta el momento, no lo están haciendo. Siguen llegando cartas de corte a las casas y los ciudadanos deben entonces ir a los servicios sociales para buscar una solución o solicitar el bono social. Se debería conseguir que fuera una medida preventiva y se actuara con antelación», dice.
A todo esto se le suma la decisión de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo de investigar la subida de los precios de la luz en las últimas semanas y la denuncia que presentó IU ante la Fiscalía de Andalucía para que investigue lo que ha insistido en calificar de «abuso».