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El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo. / Javier Cuesta
En los últimos meses la Audiencia Provincial de Sevilla no ha dejado de recibir casos de corrupción para su enjuiciamiento, entre ellos, la famosa causa del procedimiento político del fraude de los ERE. Un goteo constante que va a continuar en el nuevo año judicial que comienza en septiembre. Una situación que preocupa a los abogados sevillanos, por el efecto que estas macrocausas puedan tener en el resto de asuntos ordinarios. Por ello, para evitar el «colapso» el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, pide más magistrados para la Audiencia.
La situación complicada que se avecina para el órgano judicial ya ha obligado a tomar ciertas medidas, como la creación de un turno especial de reparto de estos asuntos complejos y la convocatoria de tres plazas de magistrado de refuerzo. Gallardo, en una entrevista con Europa Press, sostiene que la «única» solución para tratar de paliar el «colapso» es «incrementar el número de magistrados» adscritos a las secciones penales y que «se puedan constituir cuantas salas sean precisas o vayan siendo precisas a lo largo del tiempo». Una opción ya planteada por el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, que propone crear subsecciones, es decir, duplicar cada sección.
El decano de los abogados es consciente de que «ineludiblemente se van a producir demoras más allá de las que son habituales y asumibles», algo que «resulta inevitable», aunque su vez apostó por «racionalizar» los tiempos. Todo ello con el objetivo de «lograr una cierta normalidad en los señalamientos de tanta y tanta macrocausa como se está tramitando últimamente en Sevilla».
«Creo que los magistrados de la Audiencia van a hacer un enorme esfuerzo para normalizar las agendas judiciales y procurar que no se lleguen a colapsar completamente esos órganos juzgadores», precisó Gallardo. «Estamos viviendo coyunturalmente una situación especial causada por las numerosas macrocausas que se están tramitando, muchas de las cuales llegarán a juicio oral», añadió el decano.
En este sentido recordó que, en el ámbito provincial, los órganos colegiados «son los que menos demoras acumulan y los que ofrecen un menor tiempo de respuesta al ciudadano», por lo que ha aplaudido la labor de los magistrados que integran dichos órganos, como son las salas del TSJA en Sevilla y la Audiencia Provincial.
No obstante, aseguró que en el último año «ha empeorado el funcionamiento de la maquinaria judicial» y se ha constatado «la necesidad» de que se creen más órganos judiciales en la provincia de Sevilla que «contribuyan a atemperar las enormes dilaciones que se vienen produciendo en muchos órdenes jurisdiccionales». «La mayor preocupación de los abogados es, justamente, la tardanza en los señalamientos», lamentó, pues en la jurisdicción Social, los juicios se están fijando a más de tres años vista, lo que «constituye un ataque frontal al Estado de Derecho y una injusticia notoria para los muchos trabajadores y autónomos que tienen que esperar tantísimo tiempo la respuesta judicial a su asunto».
Cicateros con Sevilla
Para Gallardo estas situaciones se producen porque, en cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales en Sevilla, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia «siempre actúan cicateramente con la capital andaluza», de forma que «se crean muchos menos órganos de los que pide el TSJA, que ya de por sí pide menos de los que precisa verdaderamente la justicia sevillana».
Según su opinión, «es preciso contar con más jueces en los órganos judiciales sevillanos» para «desatascar la situación de colapso que se viene padeciendo en prácticamente todas las jurisdicciones, e incluso en partidos judiciales sevillanos que son auténticos puntos negros de la geografía judicial española, tales como Utrera o Sanlúcar la Mayor».