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Los juzgados de Primera Instancia están desbordados por asuntos como los desahucios.
Ninguno de los jueces de Primera Instancia de Sevilla está dispuesto a asumir el plan de urgencia ideado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la «avalancha» de demandas contra las cláusulas suelo que se esperan recibir en los juzgados después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que las considera nula. La propuesta del CGPJ pasa por dedicar en exclusiva pero no de forma excluyente uno de los 22 órganos de esta jurisdicción, pero los magistrados consideran que esta medida es «descabellada, oportunista» y «peligrosa». Todo ello cuando el Tribunal Supremo, además, acaba de admitir que los usuarios a los que no se le reconoció la devolución de las cláusulas anteriores a 2013 puedan volver a reclamar.
Son las conclusiones recogidas en el acta de la junta de jueces de Primera Instancia celebrada el martes y que fue convocada por el juez decano, Francisco Guerrero, para informar a los magistrados de la propuesta que se va a analizar el próximo martes en Madrid en una reunión a la que acudirán los jueces decanos de las diferentes provincias. Los magistrados muestran su rechazo porque el juzgado que se haga cargo de este asunto «debería asumir lo inasumible por colapso, cifras de, al menos entre 7.000/8.000 demandas».
En el documento, los magistrados solicitan la retirada de la propuesta «por descabellada, oportunista, pues «un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la Primera Instancia civil propicia llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza». Además, recuerdan que «ya se ha conocido en el ámbito de esta jurisdicción la máxima avalancha de asuntos diversos como consecuencia de la crisis económica».
Los titulares de estos órganos judiciales incluso califican la medida como «peligrosa» porque «parece querer imponer una unificación de criterios en la aplicación de la doctrina jurisprudencial referidas a las cláusulas abusivas». El acta también apunta a la carga de trabajo, pues en el año 2016 estos juzgados asumieron «un 119 por ciento más de asuntos» que el previsto en el módulo de entrada. Por ello, teniendo en cuenta la avalancha que prevé el CGPJ, creen que el resultado sería el «contrapuesto» al pretendido, pues «se dictarían sentencias tras el transcurso de varios años. De esta forma, defienden que el CGPJ reconsidere el devolver estos asuntos a los juzgados de lo Mercantil, o la «creación de nuevos juzgados» y «simples refuerzos».