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El papel desborda a los juzgados de lo Penal, con más de 13.000 sentencias por ejecutar. / Javier Díaz
«Bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento», así es como define el sindicato CSIF la situación que en la actualidad vive la plantilla de los juzgados de lo Penal de Sevilla. El «estrés» y el «miedo a lo que pueda pasar» que sienten los funcionarios ante el volumen de casos pendientes, han llevado al sindicato a exigir a la Consejería de Justicia «que sin dilación se acometa un plan de actuación de urgencia sobre los juzgados de lo Penal de Sevilla».
En un escrito entregado ayer a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal y al juez decano, al que tuvo acceso este periódico, el sindicato reprocha a la Junta la vigilancia de la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia «no se viene realizando con normalidad ni siquiera ofreciendo desde hace años». Por este motivo, y «ante la situación extrema en muchos casos de los trabajadores», en el mes de enero decidieron elaborar un «estudio sobre burnout o síndrome de agotamiento profesional en toda la provincia de Sevilla».
Sin «descuidar el padecimiento de trabajadores de otras jurisdicciones», el CSIF destaca que «no es la primera vez ni la última que denunciamos ante la Administración la situación altamente preocupante que están padeciendo los trabajadores, y nos hacemos eco nuevamente de la preocupación manifiesta hacia los mismos por parte de la Administración que aún conocedora tanto de volumen de trabajo, ratio, medio laboral, horario de dedicación y un largo, etcétera, está permaneciendo impasible ante una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento».
El sindicato destaca que la problemática no solo ha sido denunciada por ellos, sino también por jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, reconociendo que «ya hasta nos hastía reclamar una solución viable» no porque «estemos cansados de reclamar un servicio mínimamente digno de esta jurisdicción, sino porque nos cansa que la respuesta por parte de la Administración a este respecto siempre sea la misma: ninguna».
El estudio concluye que el 44 por ciento de los funcionarios soporta un «cansancio emocional muy alto»; mientras que el 48 por ciento tiene sentimientos de despersonalización y trastornos de estrés agudo». Todo ello es consecuencia de «las miles y miles de ejecutorias penales pendientes de trámite, que se encuentran por montones en el suelo, porque ya no hay estanterías ni armarios». Además, esto obliga «a los trabajadores a trabajar muchas más horas de las reglamentarias por el miedo a lo que pueda pasar». De hecho, muchos funcionarios «pagan de su propio bolsillo seguros de responsabilidad civil» ante la posibilidad de que se repitan situaciones como la que vivió el juez Tirado con el caso Mari Luz.
«No es de recibo que un trabajador esté sometido a una urgencia constante», que atiendan «a requerimientos al vuelo y a recordar de memoria o preguntar a los compañeros por las causas pendientes de un reo», añade. Como tampoco «a la presión por tener que incoar miles de ejecutorias sobre delitos» que «no pueden ser atendidos y que tristemente pueden acabar en prescripción». Situaciones que están generando «irritabilidad» o «frustración», en la plantilla.
La Junta lo estudiará
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia indicaron que aún no tienen constancia de este escrito, pero que «será estudiado», ya que la «voluntad de la consejería es de diálogo con las organizaciones sindicales».
No obstante, recordaron que estos juzgados «cuentan con cuatro funcionarios de apoyo desde junio de 2016, dentro del Plan Extraordinario de Refuerzos puesto en marcha» para aquellos órganos judiciales con mayor carga de trabajo.
«Bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento», así es como define el sindicato CSIF la situación que en la actualidad vive la plantilla de los juzgados de lo Penal de Sevilla. El «estrés» y el «miedo a lo que pueda pasar» que sienten los funcionarios ante el volumen de casos pendientes, han llevado al sindicato a exigir a la Consejería de Justicia «que sin dilación se acometa un plan de actuación de urgencia sobre los juzgados de lo Penal de Sevilla».
En un escrito entregado ayer a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal y al juez decano, al que tuvo acceso este periódico, el sindicato reprocha a la Junta la vigilancia de la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia «no se viene realizando con normalidad ni siquiera ofreciendo desde hace años». Por este motivo, y «ante la situación extrema en muchos casos de los trabajadores», en el mes de enero decidieron elaborar un «estudio sobre burnout o síndrome de agotamiento profesional en toda la provincia de Sevilla».
Sin «descuidar el padecimiento de trabajadores de otras jurisdicciones», el CSIF destaca que «no es la primera vez ni la última que denunciamos ante la Administración la situación altamente preocupante que están padeciendo los trabajadores, y nos hacemos eco nuevamente de la preocupación manifiesta hacia los mismos por parte de la Administración que, aún conocedora tanto de volumen de trabajo, ratio, medio laboral, horario de dedicación y un largo, etcétera, está permaneciendo impasible ante una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento».
El sindicato destaca que la problemática no solo ha sido denunciada por ellos, sino también por jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, reconociendo que «ya hasta nos hastía reclamar una solución viable» no porque «estemos cansados de reclamar un servicio mínimamente digno de esta jurisdicción, sino porque nos cansa que la respuesta por parte de la Administración a este respecto siempre sea la misma: ninguna».
El estudio concluye que el 44 por ciento de los funcionarios soporta un «cansancio emocional muy alto»; mientras que el 48 por ciento tiene sentimientos de despersonalización y trastornos de estrés agudo». Todo ello es consecuencia de «las miles y miles de ejecutorias penales pendientes de trámite, que se encuentran por montones en el suelo, porque ya no hay estanterías ni armarios». Además, esto obliga «a los trabajadores a trabajar muchas más horas de las reglamentarias por el miedo a lo que pueda pasar». De hecho, muchos funcionarios «pagan de su propio bolsillo seguros de responsabilidad civil» ante la posibilidad de que se repitan situaciones como la que vivió el juez Tirado con el caso Mari Luz.
«No es de recibo que un trabajador esté sometido a una urgencia constante», que atiendan «a requerimientos al vuelo y a recordar de memoria o preguntar a los compañeros por las causas pendientes de un reo», añade. Como tampoco «a la presión por tener que incoar miles de ejecutorias sobre delitos» que «no pueden ser atendidos y que tristemente pueden acabar en prescripción». Situaciones que están generando «irritabilidad» o «frustración», en la plantilla.
La Junta lo estudiará
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia indicaron que aún no tienen constancia de este escrito, pero que «será estudiado», ya que la «voluntad de la consejería es de diálogo con las organizaciones sindicales».
No obstante, recordaron que estos juzgados «cuentan con cuatro funcionarios de apoyo desde junio de 2016, dentro del Plan Extraordinario de Refuerzos puesto en marcha» para aquellos órganos judiciales con mayor carga de trabajo.
El fantasma del caso Mari Luz
La plantilla de los juzgados de lo Penal de Sevilla vive aún con el fantasma del caso Mari Luz. El Juzgado de lo Penal número 1 no había ejecutado una sentencia que tenía pendiente el asesino de la pequeña, Santiago del Valle, que tenía pendiente de cumplir una condena de más de dos años de prisión por abusos sexuales. Este asunto provocó que tanto el juez Rafael Tirado y su secretaria fueran sancionados. Pese a las medidas que se anunciaron, estas o no se han llevado a cabo o no han sido efectivas. Siguen en la misma situación con más de 13.000 sentencias sin cumplir.