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Sevilla es la segunda ciudad del país con más entes municipales

Un informe del Ministerio de Hacienda sitúa la cifra en 49 entidades, casi el doble de la media del resto de municipios con más de 500.000 habitantes

07 ago 2016 / 20:58 h - Actualizado: 08 ago 2016 / 09:33 h.
  • El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, visita uno de los nuevos vehículos de Tussam. / José Luis Montero
    El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, visita uno de los nuevos vehículos de Tussam. / José Luis Montero

Sevilla es la segunda ciudad de España con un mayor número de entes dependientes de su Ayuntamiento. Así se desprende de un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se otorga la medalla de plata de este ranking a la capital hispalense con un total de 49 entidades locales entre empresas municipales, consorcios, sociedades, fundaciones y asociaciones en las que el Consistorio mantiene algún tipo de participación.

Solo Barcelona, con 50 entes locales, supera los datos de Sevilla que, además, está muy por encima de la media de las ciudades con más de 500.000 habitantes, que Hacienda sitúa en 27,2 organismos. Fuentes municipales justifican esta cifra en criterios meramente organizativos de la administración local, sin que ello tenga repercusiones negativas para el Ayuntamiento o la propia ciudadanía. De hecho, la mayoría de estos entes están vinculados con el turismo, la cultura o el fomento de las energías renovables.

En este último caso, que afecta a una treintena de estos organismos, es la propia legislación la que obliga a los ayuntamientos a poner en marcha una entidad para sostener cada uno de los proyectos de energía sostenible, como por ejemplo la instalación de placas solares. Ello implica que, si se descuentan del listado todos las entidades relacionadas con esta materia energética, la cifra global de entes dependientes del Consistorio hispalense disminuiría hasta valores más cercanos a la media del resto de ciudades con un número similar de habitantes.

En el caso concreto de Sevilla, el conjunto está encabezado por organismos municipales como la Gerencia de Urbanismo, el IMD, el Patronato del Alcázar o la Agencia Tributaria. También se integran sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales como Lipasam, Tussam, Emasesa, Emvisesa, el ICAS, Mercasevilla, Isla Mágica, Cartuja 93 o Aussa, entre otros. Entre las fundaciones dependientes o participadas por el Ayuntamiento hispalense se encuentran la de Alberto Jiménez Becerril, la Red de Ciudades Ave o el grupo de Ciudades Teresianas de España Huellas de Jesús. Por último, se incluyen consorcios como el del Teatro de la Maestranza, el de la Zona Franca, el de Turismo o el de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

Un amplio listado del que han salido este mismo año algunas entidades como la Sevilla Film Commision, la Asociación de Promoción Exterior de Sevilla (Appes) o la participación municipal en Fibes. Tres entes que han sido integrados dentro del Consorcio de Turismo de Sevilla al considerar el gobierno de Espadas que todos los organismos vinculados con la promoción turística serían más efectivos a la hora de alcanzar sus objetivos si se encontraban agrupados.

Todas estas entidades dependientes ofrecen, directa o indirectamente, un servicio a los sevillanos, pero todas suponen también cierto coste –o inversión, según como se interprete– para las arcas municipales. Y aunque se trate de un informe periódico de Hacienda que refleja la realidad de los ayuntamientos, no deja de existir cierta vinculación con las consecuencias que persigue la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que puso en marcha el ministro Montoro. Una norma que, entre otros, aboga por la disolución de aquellos entes municipales que sean deficitarios y, en su caso, por la privatización de todos los servicios que éstos prestan.

Lipasam ha sido la última empresa municipal en verse afectada por esta normativa. Según un escrito remitido por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento, sus resultados del año 2012 podrían incurrir en algunas de las causas de disolución que establece la legislación, por lo que se reclamaba al Consistorio toda la información necesaria en un plazo máximo de 15 días para evitar la posible aplicación de un proceso de «disolución automática». El gobierno municipal, por su parte, aseguró que se trataba de «un grave error», ya que según los informes de la Intervención, Lipasam cerró el 2012 con una situación de equilibrio de 754.085 euros y con un resultado positivo de 803.271 euros.


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