Una empleada de la Junta herida al desplomarse el ascensor dos plantas

El incidente tuvo lugar en la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales el 10 de agosto. Los frenos de emergencia evitaron que el elevador se desplomara

25 ago 2017 / 08:00 h - Actualizado: 25 ago 2017 / 21:22 h.
"Sociedad"
  • El accidente se produjo en la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Salud, situada en la calle Luis Montoto. / El Correo
    El accidente se produjo en la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Salud, situada en la calle Luis Montoto. / El Correo

Un gran susto, además de las lesiones que le mantienen de baja laboral, es lo que se llevó esta funcionaria de la Delegación Provincial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, situada en la calle Luis Montoto. El pasado 10 de agosto, el ascensor en el que se acababa de montar se desplomó súbitamente desde la cuarta hasta la segunda planta. Los frenos de emergencia evitaron que se produjera una desgracia similar a la del pasado domingo en el hospital de Valme, en el que una joven de 25 años falleció tras quedar atrapada. Un siniestro que los sindicatos, que denunciaron incidencias en 2016, achacan a los recortes, aunque el SAS lo niega porque el verano pasado se acometieron mejoras.

Lesiones en las piernas, principalmente en las rodillas, y en el cuello como consecuencia del fuerte golpe en seco que dio el ascensor después de caer sin freno dos plantas. El suceso ocurrió el pasado 10 de agosto, según relataron a este periódico trabajadores de la Delegación, quienes aseguran que su compañera, se tuvo que marchar a casa «por el dolor que tenía», además de estar bastante nerviosa tras el episodio vivido. «Menos mal que los frenos funcionaron, sino aquí habríamos vivido una desgracia», señalaron.

La empleada pública tomó el ascensor sola en la cuarta planta del edificio, que acoge diversos servicios como el de Protección de Menores o Adopción, cuando al comenzar a descender cayó «bruscamente. Los frenos de emergencia del elevador se activaron, lo que permitió que en la segunda planta se parara de golpe. «Es un edificio muy antiguo y el ascensor viene dando muchos problemas. El otro día una compañera también se quedó encerrada», señalan los trabajadores, algunos de los cuales admiten que desde hace mucho tiempo utilizan la escalera para subir y bajar. «Yo no me fío del ascensor», indicó uno de ellos, que después del accidente mortal de Valme del pasado domingo, no dejan de pensar que en su edificio habrían podido vivir una desgracia diez días antes.

No obstante, según ha podido saber este periódico, no constan quejas por escrito de los trabajadores, ni tampoco a ninguna organización sindical. «El año pasado tuvimos un suceso muy similar en el edificio de la calle Grecia, en Los Bermejales. En esa ocasión iban dos compañeros, que también se llevaron un susto tremendo cuando el ascensor se desprendió, aunque también pudo frenar», señaló el presidente del Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA).

Todo en regla

La Delegación de Igualdad, y Políticas Sociales explicó al respecto que el ascensor fue «reparado el mismo día del incidente por parte de la empresa de mantenimiento y se comprobó su correcto funcionamiento». Las mismas fuentes indicaron también que el elevador «ha pasado las revisiones reglamentarias, las mensuales de la empresa de mantenimiento y las de la OCA».

En este sentido, el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero establece una serie de revisiones obligatorias para los ascensores. La normativa recoge que las empresas encargadas del mantenimiento preventivo debe realizar las revisiones cada cuatro meses para elevadores en viviendas unifamiliares o con una velocidad no superior a 0,15 metros el segundo; los ascensores en edificios comunitarios de uso residencial de hasta seis paradas y de uso público de hasta cuatro paradas deben pasarlas cada seis semanas. El resto de ascensores, cada mes.

Además del mantenimiento, el ascensor debe someterse a una inspección periódica realizada por un organismo de control autorizado (OCA) e imparcial que certifique que sus condiciones de funcionamiento y seguridad se mantienen. En el caso de los ascensores públicos debe ser cada dos años.