Ni Puigdemont debió redactar la amnistía ni la patronal puede decidir la tasa turística

El debate bullía larvado. Los alcaldes de las capitales andaluzas que reciben más viajeros lo habían hablado entre ellos. Con habilidad habían conseguido aliados dentro del Gobierno andaluz, donde los consejeros de distintos departamentos habían abierto una discusión sobre el tema. El principal opositor de una tasa turística en Andalucía es el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que asume el discurso de la patronal hotelera. Sobre todo del lobby de sol y playa, donde la Costal del Sol sigue mandando.

El Correo de Andalucía destapó el lunes la división interna en el Ejecutivo de Andalucía y la discusión abierta con los alcaldes. Los regidores de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada salieron en tromba, uno tras otro a levantar la mano para pedir que, al menos, se debata. Moreno, como suele hacer en temas controvertidos, recogió el guante. 

La tasa turística divide al Gobierno de Juanma Moreno y abre una discusión con los alcaldes

La secuencia de la semana política no es menor porque mientras en el Congreso se aprobaba la ley de amnistía, en Andalucía cristalizaba un debate que ha costado años, más de ocho, que llegue al menos a una mesa de diálogo.

Como señaló el socialista Alfonso Guerra una de las grandes aberraciones de la amnistía es que la redacten sus beneficiarios (“¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?”). En esa lógica, se podría decir que igual de absurdo sería que la normativa para regular una tasa turística en Andalucía la elaboren los dueños de los hoteles. La patronal hotelera deberá sentarse a una mesa como las administraciones o los sindicatos o las asociaciones de vecinos.

Solo en Sevilla hay 40.000 personas inscritas en el convenio de la hostelería. Algo tendrán que decir los sevillanos, los trabajadores del sector o los ayuntamientos que costean los gastos extraordinarios derivado de la afluencia masiva de turistas.

Los datos desplegados a bombo y platillo en la feria internacional del turismo (Fitur) señalaron que en 2023 Andalucía había pulverizado todos sus récords, con 33,9 millones de visitantes y que este 2024 se podría volver a romper el techo, superando los 35 millones.

Las perspectivas de la Semana Santa que viene, atendiendo a las previsiones de los propios hoteleros, son extraordinariamente buenas. La pandemia quedó inexorablemente atrás y los datos se recuperan con mucho brío. Sevilla recibió el pasado año 3,5 millones de viajeros con turistas que contrataron 6,1 millones de noches en hoteles y apartamentos turísticos.

Las cifras, aunque solo sea por la magnitud, merecen abrir como mínimo una puerta a que el Gobierno andaluz elabore una normativa, como ha hecho con el decreto que regula los alojamientos turísticos, que dé amparo a los alcaldes que decidan que quieren que sus ciudadanos no vean al turista como una amenaza sino como la gran oportunidad que es. Para que cualquier relación funcione debe existir un equilibrio razonable, tiene que compensarte lo que entregas y lo que recibes. Si se perciben costes, abusos o molestias por encima de los beneficios, la cosa acaba mal.

El debate de la tasa turística no es de izquierdas ni de derechas, gobiernos de todos los colores políticos la han aplicado

En ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga los efectos de la turistificación, los excesos en el casco histórico, están ya instalados en la conversación pública. Por eso el debate de la tasa turística no es de izquierdas ni de derechas, gobiernos de todos los colores políticos la han aplicado, sino de una cosa mucho más matemática, del análisis entre coste y beneficio. 

Hay numerosos estudios publicados por expertos universitarios sobre la posibilidad de una tasa turística en Andalucía. La comunidad va tarde. En Baleares, tras una ecotasa fallida, se instauró el “impuesto al turismo sostenible” en 2016. En Cataluña existe desde 2012 el “impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos”. En la Comunidad Valenciana se aprobó en 2022 y se tumbó en noviembre de 2023, aunque antes de su aplicación ya estaba tocada de muerte. Éste último es el mejor ejemplo de lo que no debería ocurrir.

En Baleares, se instauró el “impuesto al turismo sostenible” en 2016, en Cataluña existe desde 2012 y en la Comunidad Valenciana se aprobó en 2022 y se tumbó en 2023

Hay estudios que indican que aplicar una tasa turística implicaría una subida del 5% de los precios en Andalucía pero la mayoría destacan los beneficios de aplicarla y animan a avanzar en el debate, dejando atrás si se aplica o no ese gravamen a los viajeros y avanzando en decidir cómo se recauda, quién se queda las cantidades recaudadas y que destino final debe tener ese dinero que llega a las arcas públicas. Esta segunda parte del debate no es fácil. En los modelos de Cataluña y Baleares hay un reparto entre el gobierno regional y el municipal. En el caso de Barcelona el caballo de batalla del ayuntamiento es quedarse al 100% esa tasa, de la que ahora mismo percibe una tercera parte.

Aplicar una tasa turística implicaría una subida del 5% de los precios en Andalucía pero la mayoría destacan los beneficiosa de su creación

¿Quién recauda y para qué va ese dinero? Ese debería ser el debate. La tasa debería ser finalista y destinarse a la conservación del patrimonio, a hacer el turismo más sostenible o a reforzar las tareas de limpiezas y otros dispositivos públicos en la ciudad.

El gran argumento que hasta ahora han puesto los hoteleros para oponerse a esta tasa ha perdido solidez. La patronal aseguraba que esa tasa perjudicaría a los alojamientos reglados mientras que los apartamentos turísticos, que escapan del control, quedarían al margen, por lo que hablaban de una discriminación negativa que penalizaba a los hoteles. El recién aprobado decreto de regulación de los alojamientos turísticos y la agilidad con la que ayuntamientos como el de Sevilla han recogido el guante para elaborar su propia normativa y poner orden, en un año máximo a las licencias, deja sin argumentos al sector hotelero. Será tasa, si es, para todos.

San Julián, San Bernardo y el Museo, únicos barrios del centro sin colapso por los pisos turísticos

Es verdad que los turistas ya pagan IVA en su consumo. Como cualquier ciudadano de a pie. Tan verdad como que caminar por determinadas calles de Sevilla estos días de primavera invita a pensar que poner reglas a los turistas, siempre bienvenidos, es la mejor manera de no morir de éxito. Se preguntó a los sevillanos si querían una Feria de Abril de tantos días con dos fines de semana para que los hoteleros redoblen sus beneficios. Hay que preguntar a todas las partes implicadas en la regulación de una tasa turística en Andalucía pero desde luego que no es la patronal la que debe tener la última palabra. Es el Gobierno andaluz el que no puede ponerse de perfil y decidir lo que es mejor para todos. Para el PIB de la comunidad, para los ayuntamientos, para los andaluces y para los empresarios.

Nadie va a dejar de visitar la Alhambra, la Mezquita o el barrio de Santa Cruz por pagar dos euros al día. Nadie deja de ir a París, Roma, Florencia, Lisboa o Amsterdam porque en su factura aparezca la tasa. Regular una normativa autonómica no obliga a los ayuntamientos, solo les da respaldo en el caso de que quieran imponer esa tasa. Hay muchas experiencias de éxito en destinos urbanos consolidados. Se aplica el gravamen por un máximo de días, se hacen excepciones a los más jóvenes, se regula en función del lujo del hotel, se exceptúan los turistas nacionales o de negocios… Hay mucho debate por delante y una decisión que corresponde a quien ha ganado, por mayoría absoluta, en las urnas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Mucho mejor que hablar solo de la amnistía mañana, tarde y noche.