Hacienda
El cupo catalán abriría un agujero de 30.000 millones en la financiación de las comunidades
Andalucía estaría entre las más perjudicadas si Cataluña sale del régimen común: “Es un disparate”, avisan los expertos
El Ministerio de Hacienda insiste en que “no valoran” ni siquiera ese escenario y el PSOE aparca la oferta de Pedro Sánchez a ERC, limitando la negociación a “un desarrollo” del Estatut
Pedro Sánchez y Salvador Illa en un mitin en Cataluña. / Emilio Morenatti AP
Andalucía estaría entre las comunidades más perjudicadas si los partidos independentistas consiguen que Cataluña salga del actual sistema de financiación autonómica y consolide una especie de cupo fiscal similar al de País Vasco y Navarra. La aspiración, de ERC y Junts, de gestionar y recaudar el cien por cien de sus impuestos, abriría en el sistema de financiación autonómica un agujero estimado en una horquilla “entre 25.000 y 30.000 millones de euros”, según los datos que maneja la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La salida de Cataluña supondría el desmantelamiento del actual modelo de financiación autonómica y que Madrid quede, junto a Baleares, como únicas contribuyentes netas. Serían las únicas financiadoras de la cohesión entre las distintas comunidades de España. Eso es “prácticamente imposible”, advierten expertos en la materia, que se muestran convencidos de que un cupo catalán obligaría a revisar a fondo el modelo y que comunidades que actualmente son receptoras de fondos pasen a ser contribuyentes.
Cataluña representa el 20% del PIB de España. Sumando el sistema foral de País Vasco y Navarra y el régimen especial de Canarias, el Estado se quedaría sin recaudar en territorios que suman el 30% de su riqueza.
"Un disparate"
El catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de Fedea Diego Martínez López asegura que plantear un cupo catalán es “un disparate”, además de mostrar dudas sobre su constitucionalidad. “Andalucía estaría entre las más perjudicadas, como receptora neta y porque ya en el actual sistema aparece entre las comunidades más infrafinanciadas, por lo que sufriría un doble castigo”, advierte el catedrático.
El cálculo no puede hacerse de manera exacta, solo hay estimaciones, avisa Martínez López, convencido que si sale Cataluña del sistema, "el Gobierno debería asumir esa aportación adicional, de unos 30.000 millones, al sistema". Algo que considera "inviable" en un momento en el que Europa empieza a hablar de consolidación fiscal y avisa de que tocará apretarse el cinturón.
La extensión del cupo
“En estos momentos es imposible saber qué pasaría. Incluso aunque se pactase con Cataluña un sistema de concierto como el vasco, el impacto final para Andalucía dependería de la cuantía del cupo o aportación catalana a la hacienda central”, advierte Santiago Lago, Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. “Lo que se puede hacer (y se ha hecho ya) es tratar de asimilar lo que ocurriría si todos tuviésemos el sistema foral”, señala apuntando a otro informe de Fedea en esa dirección. Ese documento asegura que extender el cupo “aumentaría las desigualdades entre territorios” y el director de Fedea, el economista Ángel de la Fuente, ha señalado que esa propuesta catalana es “totalmente insolidaria”.
Las cesiones a los nacionalistas en materia de financiación autonómica e impuestos han sido un clásico pero nunca se había planteado como una posibilidad que Cataluña saliera totalmente del sistema y siguiera los pasos de la anomalía vasca, consagrada en la Constitución. Si se van los territorios ricos desaparece el excedente tributario necesario para que el sistema de financiación pueda funcionar, avisan los expertos.
Pedro Sánchez puso esa posibilidad sobre la mesa para ayudar a despejar la investidura de Salvador Illa. El presidente sostuvo, en una entrevista en La Vanguardia, que una financiación "singular" para Cataluña "es factible". Así se firmó en el acuerdo de investidura con ERC. "Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña", sostuvo. No concretó más. 24 horas más tarde desde su Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Hacienda, indicaron que el cupo para Cataluña es “un escenario que ni se valora”. La portavoz del PSOE, Esther Peña, descartó un concierto económico catalán como el vasco. Según explicó, atender la singularidad catalana es desarrollar aspectos que ya están en el Estatut.
Velan armas
Las comunidades del PP velan armas. Desde Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno (PP) insistió en que Andalucía tiene ya un agujero de "1.400 millones de euros" anuales por un sistema que consideró injusto y advirtió que "sin solidaridad no hay igualdad". El PSOE andaluz, que quedaría en una posición imposible si el Gobierno cede a los independentistas, evitó posicionarse sobre un cupo catalán y tendió la mano a Moreno para forjar un frente común en defensa de los intereses de Andalucía.
Hasta el momento, todos los gobiernos han cedido a las aspiraciones de los nacionalistas catalanes. El PP concedió a CIU más competencias y permitió ahondar en su soberanía fiscal en el llamado Pacto del Majestic, firmado entre José María Aznar y Jordi Pujol en 1996. En 2009, el pacto sellado entre José Luis Zapatero y ERC sobre el actual modelo de financiación permitió al socialista despejar la hoja de ruta de su legislatura.
La ordinalidad
Esa reforma aprobó el sistema que sigue funcionando en la actualidad, aunque debería haberse revisado en 2014, a los cinco años de su aprobación. Ahí se introdujo por parte de los catalanes el llamado principio de ordinalidad. Esa cláusula pretendía garantizar que cada territorio recibiera según lo que aporta. A eso apeló días atrás Salvador Illa: "Catalunya no puede ser la tercera en aportar recursos y la número 14 a la hora de recibirlos". Los expertos sostienen que Cataluña es la novena como receptora de recursos pero niegan que sea una comunidad infrafinanciada, situándose por encima de la financiación media por habitante: 3.015 euros por catalán frente a 2.793 por andaluz, en una media por español de 2.963 euros, según los datos de Fedea difundidos en enero.
El Estatut
En su Estatut, Cataluña incluyó una disposición adicional que reclama que "la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años”. Andalucía copió la cláusula e incluyó: “La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”. Cataluña trató de blindar inversiones en función de su riqueza y Andalucía lo hizo en relación a su población.
Dos claves: por qué no pagan los territorios y qué es el 'dumping' fiscal
El sistema de financiación autonómica determina con qué reglas se reparte el dinero que recauda el Estado entre las comunidades. Para entender cómo funciona este modelo de redistribución de recursos, primero hay que entender que los impuestos no los pagan los territorios sino los contribuyentes en función de su riqueza. A igualdad de renta, un catalán y un andaluz pagan prácticamente lo mismo. Si en Cataluña se recauda mucho más que en Andalucía es porque su PIB, su riqueza en renta per cápita, es mayor. Ese es el principio que ha servido desde el inicio del modelo para explicar qué es la solidaridad entre territorios o el principio de cohesión territorial.
Por eso muchos expertos desechan como instrumento las balanzas fiscales, que piden cuánto aporta y cuánto recibe un territorio. "No se pueden utilizar instrumentos académicos como arma arrojadiza entre territorios (…). Tengo la firme convicción de que Cataluña o Madrid no son más solidarias que Andalucía o que Extremadura (…). Lo que sucede es que gozan de un PIB per cápita mayor y, por tanto, los ciudadanos de estas comunidades autónomas, individualmente, aportan más, pero no aportan por haber nacido en un sitio o en otro", sostuvo la ministra María Jesús Montero. Así consta en el Diario de Sesiones del Senado en una intervención de mayo de 2022.
Una pata de este modelo se quiebra cuando hay comunidades que rebajan impuestos, apuestan por una política fiscal a la baja, para después pedir más dinero al Estado. Se rompe lo que en Fedea llaman el principio de responsabilidad o equivalencia fiscal, que advierte a las comunidades que “cada gobierno debe ser responsable no sólo de sus decisiones de gasto sino también de las cargas tributarias con las que han de financiarlas, sin posibilidad de trasladar el coste a otras administraciones”. De eso ha acusado el Ministerio de Hacienda al Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, de abonarse al dumping fiscal de Madrid, bajando impuestos, pero sin ser contribuyente neta sino receptora en el actual modelo.
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