"Avalancha de expedientes" en las fiscalías de Andalucía para determinar la edad de los menores migrantes

La Memoria 2023 de la Fiscalía General del Estado y la correspondiente de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se presenta este miércoles en el Parlamento autonómico, refleja, de manera literal, "el notable incremento de los menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones".

El Ministerio Fiscal recoge en esta publicación –un resumen de las memorias de los diferentes fiscales delegados– que en 2023 llegaron a las costas españolas 4.865 menores extranjeros no acompañados, frente a los 2.375 de 2022. En contraposición, la Fiscalía de Álvaro García Ortiz señala que inició un total de 7.422 diligencias de determinación de la edad.

La lectura de estos datos extrae varias conclusiones: por un lado, refleja la escalada de llegadas de menores migrantes sin referentes familiares en el país; también se detecta un desequilibrio entre los menores registrados y los expedientes pendientes de trámite o revisión, ya que en 2022 se tramitaron 4.805 expedientes de este tipo, por lo que estos procedimientos han aumentado un 35%.

Unas diligencias que se regulan a través del polémico artículo 35 de la Ley de Extranjería, que ahora quiere reformarse para fijar un método obligatorio de estos niños entre las comunidades, sin acuerdo por el momento en el Congreso de los Diputados, en un momento en el que unos seis mil menores colapsan los sistemas de acogida en Canarias.

"Aumento del número de MENA" y "avalancha de expedientes" en Sevilla

Especialmente llamativo es el caso andaluz. La publicación anual del Ministerio Público no solo subraya "el aumento del número de MENA", usando un acrónimo fuertemente criticado por las organizaciones sociales al considerar que es estigmatizador, sino que en lo relativo al punto sobre Sevilla se habla de "avalancha de expedientes de determinación de edad desde agosto a final de 2023". En el que se incide sobre un punto especialmente polémico: el de la "revisión de expedientes de declaración de la mayoría de edad".

Cabe recordar que la Junta de Andalucía acusa al Gobierno de estar enviando a la comunidad a niños "por la puerta de atrás", ya que acceden al sistema de acogida de las ONG (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) como adultos, de ahí que la consejera autonómica del ramo, Loles López, afirme que son jóvenes "camuflados" como mayores de edad.

Andalucía sostiene que estos menores, que están siendo atendidos en sus dispositivos de acogida "a pulmón", "sin financiación extra" por parte del Ejecutivo central, alcanzan ya los 545, por lo que el sistema está al 115% de su capacidad. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, no confirmó este dato en una entrevista con este periódico, en donde sí alabó el trabajo de la Fiscalía, refiriéndose a la coordinación entre administraciones y el protocolo que han impulsado las fiscalías territoriales para la determinación de la edad.

La localización del menor "no se estaba realizando correctamente"

Esta memoria anual de la Fiscalía sí se hace eco de los problemas detectados en Canarias con la determinación de la minoría y mayoría de edad, en la que justifica que se produjeron por la derivación de las ONG que directamente recibían a las personas en el puerto: "En la provincia de Tenerife, durante los meses de agosto a octubre, se pudo comprobar, que la localización del presunto menor, no se estaba realizando correctamente".

Según la Fiscalía General, "muchos menores fueron derivados a centros de acogida de mayores de edad" dado que dado que "lo que se priorizaba era la declaración del extranjero a su llegada a puerto"

En esta línea, esta publicación prosigue: "Se estaban incoando expedientes a personas que eran claramente mayores de edad y que incluso así lo manifestaban en los centros de menores. Por otro lado, y dado que lo que se priorizaba era la declaración del extranjero a su llegada a puerto, muchos menores fueron derivados a centros de acogida de mayores de edad, siendo allí donde eran localizados". Según la Fiscalía, "se buscaron las soluciones para que no se siguieran produciendo".

Dudas sobre los pasaportes de determinados países

Según la Memoria Anual de la Fiscalía de Andalucía, "en general no se han planteado especiales problemas en cuanto a la determinación provisional de la edad". También recalcan la coordinación tanto con los médicos forenses como con los servicios sanitarios.

Eso sí, los fiscales delegados de Almería y Cádiz destacan que "cuando el documento aportado se trata de un pasaporte, se atiende a la fecha que consta en el mismo; si bien señala las dudas que se plantean en relación con pasaportes de determinados países en cuanto a la autenticidad de los datos de la persona que constan en el mismo en relación con la apariencia del supuesto menor".

En la publicación andaluza no se aportan los datos de todas las provincias, que suelen difundirse posteriormente en el anexo estadístico. Sí se extraen varios, comparando las cifras con la memoria del año pasado. En Granada, donde se ubica la sección de Menores de la Fiscalía de Andalucía, en 2023 se incoaron 144 expedientes frente a los 37 del año 2022. En esta provincia, el informe sostiene que "en la actualidad hay 175 menores extranjeros tutelados por la Junta de Andalucía, sin que se haya producido repatriación alguna".

También se citan los datos de Almería, segunda puerta de entrada de inmigración irregular por vía marítima a España, después de la ruta canaria. En territorio almeriense se han impulsado 224 expedientes, con una sola repatriación.