Las aseguradoras plantan a Muface: 320.000 funcionarios se incorporarán a un SAS ya colapsado

Los peores pronósticos se han cumplido. Asisa, Adeslas y DKV han decidido abandonar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y 320.000 funcionarios andaluces perderán su acceso a la sanidad privada cuando termine 2024. Así, estos empleados del estado, la mayoría de ellos profesores de todos los niveles educativos, y sus familias tendrán que ser atendidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Estte día estaba señalado en los calendarios de los funcionarios de la comunidad autónoma, sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. Después de 49 de servicios sanitarios, Muface dejará de funcionar el 31 de diciembre de este año. El sistema nació en 1975 y ofrecía servicios sanitarios privados a los funcionarios sin necesidad de contratar una compañía. En los últimos años los trabajadores del Estado habían notado una caída del servicio, que venía también provocado por la negativa de varias empresas a ofertar estos beneficios. Este martes se ha concretado su fin después de que nunguna de las tres compañías que hoy prestan atención sanitaria se hayan presentado una renovación del contrato.

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Según detalla un informe publicado en septiembre por la Fundación IDIS la sanidad de un 3,77% de los ciudadanos de la comunidad autónoma depende de este sistema. Estas personas se introducirían en el SAS el 1 de enero. Sin embargo, según los datos del Gobierno de España la situación es complicada. El Ministerio de Sanidad contabiliza en 203.979 los pacientes en lista de espera quirúrgica -tanto dentro como fuera de plazo- y en hasta 848.787 las personas que esperan para una primera cita. De media los andaluces aguardando 169 días para ver al médico.

Las compañías quieren más recursos

Las compañías lamentan que trabajan a pérdidas y pedían más recursos, pero la oferta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública suponía aumentar un 17,12%, una cifra que les parece insuficiente. De hecho, ellos exigían que se subiera al 40%. Según denuncian las aseguradoras, llevan años de trabajo en los que han perdido dinero, con las condiciones actuales sostienen que tienen perjuicios anuales de 200 millones de euros.

Si bien es el Estado quien toma las decisiones sobre Muface, serán las comunidades quienes tendrán que hacerse cargo de los pacientes si la mutua deja de prestar sus servicios.Desde el SAS aseguraban hace apenas unos días a El Correo de Andalucía que estaban preparados para incorporar a estas personas a la sanidad pública. Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo defienden que es "un sistema capaz de asumirlo en el momento en el que llegue". Eso sí, sostienen que es "muy difícil" cuantificar cuánto cuesta un paciente al puesto que depende de las edades o de las necesidades sanitarias.

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Las aseguradoras señalan que "las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial". Según detalla Asisa en un comunicado, "la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo la solvencia de nuestra compañía".